1. INTRODUCCIÓN

El Sistema Público de Servicios Sociales constituye uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar (Featherstone, 2011; Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, 2023; Navarro, 2020) y la evolución de los servicios sociales, desde iniciativas asistenciales hacia derechos universales garantizados por el Estado, ha sido señalada como un rasgo central en la construcción de los Estados del Bienestar europeos (Martinelli, 2017). De ahí que su presencia en los planes de estudio y en la oferta formativa de los grados universitarios vinculados con la intervención social y el desarrollo profesional resulte ineludible. Esta necesidad formativa ha sido igualmente destacada a nivel europeo, donde se subraya que una inversión sólida en la educación y capacitación del personal de servicios sociales es condición esencial para garantizar la calidad y sostenibilidad del sistema (Baltruks et al., 2017). En consecuencia, se hace imprescindible analizar cómo se integra esta formación en los distintos niveles académicos, dado que los servicios sociales representan un ámbito de intervención clave para las y los profesionales del área social y constituyen un derecho básico de la ciudadanía (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, 2023).

Pese a su relevancia, el Sistema Público de Servicios Sociales ha sido considerado tradicionalmente el pilar más débil, inconsistente y vulnerable del Estado del Bienestar, especialmente frente a los cambios económicos, políticos y culturales (Aguilar, 2013; OECD, 2022). Esta fragilidad ha exigido un replanteamiento constante de su configuración y funcionamiento. En este proceso de transformación, resulta fundamental preservar los valores esenciales del bienestar social (equidad, inclusión y acceso universal) frente a las crecientes presiones tecnocráticas, los imperativos de eficiencia y los retos derivados de la digitalización y la lógica de datos (Nikunen y Hokka, 2020). Aunque sus funciones no siempre son exclusivas, los servicios sociales se orientan a promover la autonomía personal, proteger a colectivos vulnerables y responder a situaciones de dependencia, exclusión o desventaja social (Aguilar et al., 2010). Como señalan Gallardo-Peralta y Sánchez-Moreno (2020), su intervención se articula a través de un conjunto de recursos y prestaciones que garantizan el acceso efectivo al bienestar.

El término servicios sociales, en el marco de las políticas sociales, puede dar lugar a ambigüedades, ya que en ocasiones se emplea para designar el conjunto de servicios contemplados en dichas políticas y, en otras, para aludir a un ámbito específico centrado en la atención a la población general o a colectivos concretos (Aguilar, 2013). Esta polisemia refleja la heterogeneidad de intervenciones y la compleja estructura normativa y descentralizada en la que participan administraciones públicas, entidades del tercer sector y profesionales con trayectorias diversas (Martínez et al., 2017).

La formación universitaria en servicios sociales prepara a profesionales responsables de la atención, la intervención y la gestión en este sistema. El modelo es interdisciplinar e involucra perfiles como Trabajo Social, Antropología, Educación Social, Pedagogía, Psicología y Sociología, cuya eficacia depende directamente de la intervención social (Pelegrí, 2014). Sin embargo, en varias de estas disciplinas la formación específica en servicios sociales sigue siendo una carencia significativa.

En este escenario, el Trabajo Social ha desempeñado históricamente un papel central en el desarrollo y consolidación del Sistema Público de Servicios Sociales, constituyendo la profesión con mayor presencia en este ámbito tanto en España como en Europa (Consejo General del Trabajo Social, 2023; Girela, 2017). Se estima que entre el 80 % y el 85 % de los y las profesionales del Trabajo Social ejercen en los servicios sociales (Barranco, 2023; Lima, 2016), lo que refleja su centralidad. Tras la transición democrática, la profesión impulsó la configuración de un sistema orientado a la universalidad y los derechos de ciudadanía (Sanz, 2001), lideró la creación de prestaciones básicas como el Plan Concertado (Consejo General del Trabajo Social, 2022), contribuyó al diseño de las leyes autonómicas y consolidó el área de conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales en la universidad (Las Heras Pinilla, 2019). Sus aportaciones teórico-metodológicas, como el diagnóstico social, representan funciones clave para la identificación y el abordaje de necesidades desde una perspectiva emancipadora (Aguilar-Idáñez, 2025; Ferrer et al., 2017; Mata, 2020). Todo ello explica que, aunque los servicios sociales no constituyen el único campo de desarrollo de la disciplina (Pelegrí, 2014), sí sean el ámbito prioritario de inserción profesional, en un marco cada vez más interdisciplinar (Aranda, 2022; Fernández-de-Labastida, 2022).

Por otra parte, la descentralización normativa ha dado lugar a diecisiete modelos autonómicos con un desarrollo desigual, lo que ha generado asimetrías territoriales en funciones, recursos y roles profesionales (De Lucas y Murillo de la Cueva, 2001). Como avance significativo, el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales (2023) busca dotar de mayor cohesión al sistema mediante un marco estatal común de gobernanza compartida, planificación basada en la evidencia y articulación de redes integradas.

Finalmente, la formación impartida en los grados universitarios debe garantizar las competencias necesarias para el ejercicio profesional en este ámbito. De ahí la presencia destacada de asignaturas de servicios sociales en el Grado en Trabajo Social, que constituye la titulación con mayor tradición en este campo. Sin embargo, estudios recientes señalan déficits en otros grados como Educación Social, Psicología o Pedagogía, lo que limita la preparación del alumnado egresado y evidencia la necesidad de reforzar estos contenidos desde una perspectiva interdisciplinar (Álvarez y Herrero-Martín, 2021; Hernández y Ros, 2014; Morán y Varela, 2017; Varela Crespo, 2017; Viana et al., 2018). Tomar como referencia la experiencia del Trabajo Social puede servir de base para fortalecer la formación en servicios sociales en otros perfiles profesionales.

Este estudio persigue dos objetivos generales que guían el análisis de la presencia de los servicios sociales en los planes de estudio universitarios y su vinculación normativa con la figura profesional del Trabajo Social. El principal objetivo general es analizar la inclusión de contenidos específicos sobre servicios sociales en los grados de Trabajo Social, Antropología, Educación Social, Pedagogía, Psicología y Sociología de las Universidades Públicas Españolas. Concretamente, se establecen los siguientes objetivos específicos:

1) Identificar los grados que incorporan asignaturas o formación específica sobre servicios sociales en sus planes de estudio.

2) Cuantificar el número de créditos ECTS asignados a las asignaturas relacionadas con los servicios sociales.

3) Clasificar las asignaturas según su tipología (obligatoria, optativa, básica) en relación con los contenidos sobre servicios sociales.

4) Determinar en qué grados los contenidos sobre servicios sociales tienen una mayor presencia o peso formativo.

El segundo objetivo general se centra en delimitar la relación existente entre el o la profesional de referencia establecido en las leyes autonómicas de servicios sociales y el Trabajo Social. Los objetivos específicos asociados son los siguientes:

1) Analizar las disposiciones normativas recogidas en las leyes autonómicas de servicios sociales en relación con las figuras profesionales de referencia dentro del sistema.

2) Establecer la vinculación entre la profesión del Trabajo Social y el reconocimiento jurídico que recibe en las normativas autonómicas como figura de referencia en el Sistema Público de Servicios Sociales.

2. MÉTODO

2.1. Diseño de investigación

El presente estudio adopta un diseño descriptivo y exploratorio, de naturaleza cuantitativa y con un enfoque transversal, basándose en un análisis de los planes de estudios de los grados de Trabajo Social, Antropología, Educación Social, Pedagogía, Psicología y Sociología que se imparten en las distintas Universidades Públicas Españolas. La selección de estas titulaciones se justifica por su vinculación directa con el ámbito de la Intervención Social y su implicación en el Sistema Público de Servicios Sociales.

La recolección de datos se llevó a cabo mediante el análisis documental de la información disponible en las páginas web oficiales de las universidades. Se consultaron específicamente los planes de estudio de los grados mencionados, identificando las asignaturas que abordan contenidos relacionados con los servicios sociales. Las variables analizadas incluyeron: la existencia o no de asignaturas específicas sobre servicios sociales, la tipología de las asignaturas (básicas, obligatorias u optativas), el número de créditos ECTS asignados, el curso académico en el que se imparten y el cuatrimestre correspondiente.

Adicionalmente, se realiza una revisión normativa de las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales vigentes en las 17 comunidades autónomas españolas. Esta revisión tuvo como finalidad identificar la posible existencia de referencias explícitas a figuras profesionales de referencia en los servicios sociales comunitarios o de atención primaria.

2.2. Muestra

La muestra del estudio estuvo compuesta por las 48 universidades públicas españolas existentes en la actualidad. Se seleccionaron específicamente los grados en Trabajo Social, Antropología, Educación Social, Pedagogía, Psicología y Sociología, en función de su presencia en la oferta formativa de dichas instituciones. Como criterios de exclusión se establecieron: (1) los grados que no incluían formación específica en servicios sociales en sus planes de estudio y (2) aquellas universidades que no ofertaban alguno de los grados mencionados. La muestra final quedó conformada por 32 universidades, que impartían un total de 6 grados y 113 asignaturas que ofrecían formación específica relacionada con los servicios sociales. Además, se llevó a cabo un análisis de las 17 leyes autonómicas de servicios sociales con el propósito de identificar si dichas normativas establecen una figura profesional de referencia en el sistema de servicios sociales y, en su caso, determinar la vinculación explícita o implícita de dicha figura con la profesión del Trabajo Social.

2.3. Instrumento

Para la recolección y organización de los datos, se diseñó un cuaderno de registro estructurado en forma de tabla de variables, específicamente elaborado para analizar la información disponible en las páginas web oficiales de las universidades públicas seleccionadas. Este instrumento incluyó diversas categorías de análisis, entre ellas: el nombre de la universidad, la titulación correspondiente, la denominación de las asignaturas, el carácter de las mismas (básica, obligatoria u optativa), el curso y cuatrimestre en el que se imparten, el número de créditos ECTS asignados por asignatura y el total de créditos requeridos para la obtención del grado. Además, se llevó a cabo una revisión sistemática de las normativas vigentes en las 17 comunidades autónomas españolas en materia de servicios sociales. La construcción de este instrumento respondió a la necesidad de recopilar, clasificar y comparar de forma rigurosa toda la información requerida para la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión definidos, así como para la realización de los análisis estadísticos y comparativos planteados en la investigación.

2.4. Procedimiento

El desarrollo del estudio se estructuró en cinco fases consecutivas que permitieron la recolección, organización y análisis riguroso de los datos:

1) En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica, normativa y documental centrada en el ámbito de los servicios sociales y la formación universitaria en las disciplinas seleccionadas. Este proceso permitió contextualizar la investigación, comprender el alcance del objeto de estudio y recoger diferentes perspectivas teóricas y normativas relevantes.

2) Posteriormente, se definieron las categorías de análisis y se diseñó una tabla de variables que sirvió como instrumento base para la sistematización y el registro ordenado de la información extraída de los planes de estudio de las universidades.

3) A continuación, se llevó a cabo un análisis detallado de los grados de Trabajo Social, Antropología, Educación Social, Pedagogía, Psicología y Sociología impartidos en universidades públicas españolas. La información sobre la presencia de contenidos específicos en servicios sociales fue registrada atendiendo a cada universidad, grado y asignatura. Asimismo, se documentaron aquellas universidades que no ofrecían los grados seleccionados o que no contemplaban formación específica en servicios sociales en sus planes de estudios.

4) En paralelo, se realizó un análisis comparativo de las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales vigentes en las 17 comunidades autónomas, con el objetivo de identificar las referencias normativas a figuras profesionales de referencia y su posible vinculación con la profesión del Trabajo Social.

5) Finalmente, una vez recopilada toda la información, se llevó a cabo una revisión exhaustiva para verificar la coherencia y completitud de los datos. Posteriormente, se procedió al análisis estadístico utilizando el software SPSS (versión 26), con el fin de sistematizar los resultados y extraer conclusiones fundamentadas.

3. RESULTADOS

3.1. Formación en materia de Servicios Sociales en los Grados Universitarios

De las 48 Universidades Públicas Españolas analizadas inicialmente, se seleccionaron finalmente 32 que ofertaban titulaciones que incluían asignaturas con contenidos específicos sobre servicios sociales, según lo indicado en sus planes de estudio y guías docentes. Las 16 universidades restantes fueron excluidas al no ofrecer ninguno de los grados objeto de análisis o bien por no contemplar formación específica en servicios sociales en su estructura curricular. El estudio identificó un total de 51 grados universitarios distribuidos de la siguiente manera: 32 grados en Trabajo Social, 9 en Educación Social, 5 en Sociología, 2 en Psicología, 1 en Antropología, 1 doble grado en Trabajo Social y Educación Social, y 1 doble grado en Trabajo Social y Sociología. Cabe señalar que ninguna universidad pública incluía formación específica en servicios sociales dentro del Grado en Pedagogía.

Respecto al número total de asignaturas identificadas con contenidos específicos en servicios sociales, se contabilizaron 113 asignaturas, de las cuales la gran mayoría correspondía al Grado en Trabajo Social (n = 89). Le siguen Educación Social (n = 10) y Sociología (n = 5). En menor proporción, se encontraron asignaturas en los dobles grados de Trabajo Social con Educación Social y con Sociología (3 asignaturas cada uno), Psicología (2 asignaturas) y Antropología (1 asignatura). Esta distribución refleja la fuerte presencia de contenidos en servicios sociales en el Grado en Trabajo Social, en contraste con su escasa inclusión en el resto de las titulaciones.

En cuanto a la tipología de las asignaturas, 97 (85,8%) eran de carácter obligatorio y 16 (14,2%) optativas, lo que evidencia una tendencia general a integrar la formación en servicios sociales como parte estructural del currículo, especialmente en los grados donde esta formación tiene mayor presencia. A continuación, se presenta una tabla detallada que muestra el tipo de asignatura distribuido en los diversos grados estudiados.

En lo relativo a los créditos asignados a las asignaturas con contenidos específicos en servicios sociales, destaca notablemente el Grado en Trabajo Social, que concentra 517,5 créditos, lo que representa el 78,83 % del total. Le siguen, a considerable distancia, el Grado en Educación Social con 57 créditos (8,68 %) y el de Sociología con 28 créditos (4,26 %). Los grados restantes muestran una participación porcentual inferior: Psicología y los dobles grados Trabajo Social-Educación Social y Trabajo Social-Sociología, con 18 créditos (2,74 %) cada uno; Antropología con 6 créditos (0,91 %); y Pedagogía, donde no se identificaron créditos asignados a contenidos específicos sobre servicios sociales. Esta distribución se presenta de forma detallada en la siguiente tabla:

Respecto a la tipología de los créditos, se observa que 573 créditos (87,3 %) corresponden a asignaturas obligatorias, mientras que 83,5 créditos (12,7 %) son optativos. Esta distribución revela que la formación en servicios sociales, cuando está presente, tiende a integrarse mayoritariamente como parte del núcleo obligatorio del currículo. La siguiente tabla desglosa los créditos según su tipología y el grado correspondiente:

En relación con la tipología de grado, el análisis confirma que el Grado en Trabajo Social concentra el mayor número de asignaturas y créditos vinculados a contenidos específicos sobre servicios sociales. De los 656,5 créditos totales identificados en el conjunto de grados analizados, 517,5 créditos (78,6 %) corresponden exclusivamente a este grado. Este valor refuerza la centralidad de la formación en servicios sociales dentro del currículo del Grado en Trabajo Social, tanto en términos cuantitativos como estructurales. La distribución interna de estos créditos revela que 471 (71,74 %) son de carácter obligatorio y 46,5 (7,08 %) optativos, lo que confirma su integración en el eje troncal de la titulación. Este patrón se repite también en el número de asignaturas, con un total de 89 asignaturas (80 obligatorias y 9 optativas), representando así el 78,8 % del total de asignaturas del conjunto de grados analizados. En contraste, los demás grados presentan una presencia mucho más limitada. Educación Social cuenta con 10 asignaturas (8 obligatorias y 2 optativas) y un total de 57 créditos; Sociología con 5 asignaturas y 28 créditos; mientras que Psicología, Antropología y los dobles grados analizados ofrecen un número marginal de asignaturas y créditos en esta área

En lo que respecta a la tipología de grado, se destaca que, de los créditos totales, 517,5 (78,6% del total) corresponden a Trabajo Social, siendo este grado significativamente el que tiene mayor porcentaje de créditos. La distribución de créditos según el tipo de asignatura revela que 471 (71,74%) son de carácter obligatorio y 46,5 (7,08%) optativos. En todos los casos, este grado destaca porcentualmente tanto en asignaturas como en créditos, superando notablemente a los demás grados comparados.

La Tabla 4 resume de forma integrada los datos generales relativos al número de asignaturas y créditos, diferenciando por tipo (obligatoria/optativa) y por grado universitario:

3.2. Profesional de referencia según la normativa autonómica española

En las Leyes Autonómicas vigentes de las Comunidades de Madrid (2022), Murcia (2021), Canarias (2019), Comunidad Valenciana (2019), Andalucía (2016), Extremadura (2015), Castilla-La Mancha (2010), La Rioja (2009), País Vasco (2008) y Cataluña (2007) se reconoce el derecho a un trabajador o trabajadora social como profesional de referencia, representando el 58,8% del total. Por otro lado, en Islas Baleares (2009) y Galicia (2008), sus respectivas leyes autonómicas indican que dicha figura debe ser preferentemente un/a trabajador/a social, lo que corresponde a un 11,8 % adicional. Estas formulaciones reconocen la centralidad del Trabajo Social, aunque dejan margen a la posibilidad de que otros perfiles profesionales asuman este rol. En Aragón y el Principado de Asturias se reconoce explícitamente al Trabajo Social y sus funciones como parte estructural básica del sistema, lo que constituye otro 11,8 % de los casos. En cambio, las leyes autonómicas de Castilla y León (2010), Cantabria (2007) y la Comunidad Foral de Navarra (2006) mencionan la existencia de un profesional de referencia, pero no especifican que deba tratarse necesariamente de un/a profesional del Trabajo Social. Cabe destacar que el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales (2023), actualmente en tramitación a nivel estatal, define expresamente al trabajador o trabajadora social como profesional de referencia para facilitar el acceso a las prestaciones del sistema. Este reconocimiento explícito podría consolidarse como un derecho en la normativa común que serviría de base para las futuras reformas legislativas en el ámbito autonómico, promoviendo así una mayor cohesión en la estructura profesional del Sistema Público de Servicios Sociales y en el reconocimiento de la profesión del trabajo social como referente en este sistema

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La revisión bibliográfica realizada como base del presente estudio ha puesto de manifiesto la escasa producción científica en torno a la formación en servicios sociales en los grados universitarios analizados. No se han identificado investigaciones previas que aborden de manera específica esta cuestión en el contexto de las Universidades Públicas Españolas. En este sentido, el trabajo se configura como un primer acercamiento a una realidad poco explorada, vinculada a la heterogeneidad de intervenciones y la compleja estructura normativa del sistema (Martínez et al., 2017). Esta falta de atención ha sido ya destacada por autores como Girela (2017), quien señala la necesidad de abordar la formación universitaria en servicios sociales desde una perspectiva crítica y comparada, dado su impacto en la calidad de la intervención profesional y en la trayectoria de las personas usuarias.

Pese a la relación histórica y, en ocasiones, ambivalente entre el Trabajo Social y los servicios sociales, es innegable que este último ha constituido un espacio privilegiado para el desarrollo profesional de la disciplina. El Trabajo Social ha sido uno de los principales motores teórico-metodológicos del sistema de servicios sociales (Durán y Latorre, 2017) y esta centralidad histórica se ha visto también reflejada en el reconocimiento normativo y formativo que la disciplina ha recibido, en su papel en el diseño de prestaciones básicas, leyes autonómicas y en la consolidación académica de la disciplina (Aguilar-Idáñez, 2025; Consejo General del Trabajo Social, 2022; De Lucas y Murillo de la Cueva, 2001; Las Heras Pinilla, 2019; Sanz, 2001). Sin embargo, resulta fundamental superar la visión de que esta relación constituye una condición excluyente. El Trabajo Social debe entenderse como una disciplina con capacidad de intervenir en múltiples contextos, siendo los servicios sociales sólo una de las muchas respuestas institucionales posibles ante las necesidades sociales.

Los resultados obtenidos en este estudio reflejan una clara disparidad en la formación específica en servicios sociales entre los diferentes grados analizados. El Grado en Trabajo Social concentra el mayor número de asignaturas y créditos, lo que es coherente con su estrecha vinculación histórica y funcional con este campo. Así, el 71,74 % de los créditos obligatorios y el 7,08 % de los optativos corresponden a esta titulación. Le sigue el Grado en Educación Social con un 7,31 % en créditos obligatorios (Morán y Varela, 2017; Varela, 2017) y el Grado en Sociología con un 2,74 %. En el extremo opuesto, Psicología, Pedagogía y Antropología apenas incluyen formación obligatoria en esta materia, lo que puede limitar la preparación de sus egresados y egresadas en contextos reales de intervención (Álvarez y Herrero-Martín, 2021; Hernández y Ros, 2014; Morán y Varela, 2017; Varela Crespo, 2017; Viana et al., 2018).

Esta situación ha sido ya identificada por diversos estudios que alertan sobre la necesidad de fortalecer la formación específica en servicios sociales para otros perfiles profesionales, como los provenientes de Educación Social, Psicología, Derecho o Economía (Álvarez y Herrero-Martín, 2021; Hernández y Ros, 2014; Viana et al., 2018). En muchos casos, estos profesionales ejercen su labor en el Sistema Público de Servicios Sociales sin haber recibido una formación adecuada, lo que puede derivar en situaciones de desajuste profesional y afectar a la calidad de la atención. Ampliar esta formación constituye, por tanto, una estrategia de responsabilidad social que puede contribuir a reforzar la coherencia y la eficacia de la respuesta institucional.

Se propone que la incorporación de estos contenidos sea diseñada e impartida por profesionales con experiencia contrastada en el ámbito, preferiblemente desde el área de conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Como destacan Las Heras Pinilla (2019), Ferrer et al. (2017), Aguilar-Idáñez (2025) y Mata (2020), estas áreas constituyen los espacios académicos más idóneos para garantizar una formación rigurosa, contextualizada y adaptada a la realidad profesional.

El análisis de las leyes autonómicas refuerza también el papel del Trabajo Social como profesión de referencia en el sistema de servicios sociales. En 13 de las 17 leyes vigentes (76,5%), se establece una relación directa o preferente entre esta profesión y la figura de referencia del sistema (Consejo General del Trabajo Social, 2022, 2023). Esta tendencia se ha acentuado en la última década, consolidando un modelo profesional basado en el diagnóstico social y la planificación de la intervención (Martínez et al., 2017). En coherencia con ello, el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales (2023) define al trabajador o trabajadora social como figura de referencia para garantizar el acceso al sistema, asumir la evaluación inicial y derivar a otros perfiles cuando sea necesario.

Este modelo organizativo refuerza la necesidad de que otros perfiles profesionales con presencia en el sistema cuenten con una formación básica y especializada en servicios sociales. Tal como señalan Álvarez y Herrero-Martín (2021), disponer de un cuerpo común de conocimiento facilita la cooperación interdisciplinar y mejora la calidad de la atención. La ampliación de la formación en servicios sociales permitirá fortalecer la cohesión del sistema, responder de forma más eficaz a las necesidades emergentes y avanzar hacia una intervención social más justa, equitativa y profesionalizada.

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