1. INTRODUCCIÓN

La relación entre el Estado y las familias es un tema central en el ámbito de la protección social y ha sido objeto de recurrentes interrogantes. Investigadores, académicos y profesionales de diversas disciplinas han analizado esta relación desde distintas perspectivas teóricas y metodológicas. Para los fines de este estudio, nos referimos específicamente a las familias vinculadas a las ofertas de protección social. Es decir, grupos familiares cuyos miembros pueden estar en el mercado laboral (formal o informal) o incluso excluidos de él. Hacemos referencia especialmente a las mujeres, que se dedica al trabajo doméstico o reproductivo, ya sea remunerado o no remunerado.

Al examinar estudios recientes en Brasil (Campos y Mioto, 2003; Pereira‑Pereira, 2006; Gueiros y Santos, 2011; Marques, 2014; Mioto, 2015 Teixeira, 2016; Horst, 2018; Moraes et al., 2020;) identificamos una creciente preocupación por la interferencia del Estado en la vida familiar, especialmente en el ámbito de los servicios sociales. La prestación de servicios sociales a la población revela una interacción entre el poder estatal y las familias que a menudo aparece difusa y contradictoria.

En la modernidad, la familia y el Estado comparten un espacio de intersección clave vinculado a la reproducción de la vida. El Estado, como regulador de las relaciones sociales, y la familia, como núcleo esencial de reproducción de la fuerza de trabajo y de solidaridad primaria, son pilares importantes de la sociabilidad moderna. Si bien ambas estructuras sostienen el funcionamiento del capitalismo, también desempeñan un papel clave en la lucha cotidiana por la satisfacción de necesidades básicas.

En Brasil, la familia ha sido incorporada a los modelos de protección social de manera ambigua, influyendo no solo en el diseño de programas, servicios y beneficios, sino también en los enfoques metodológicos y en las prácticas de intervención en este ámbito. A pesar de su relevancia en la configuración de la protección social, la familia ha sido frecuentemente asociada al conservadurismo en el ámbito sociopolítico, especialmente con el avance de la extrema derecha y el neoconservadurismo. En este contexto, los abordajes por parte de las corrientes críticas de las ciencias sociales han sido limitados (Canevacci, 1976; Horst, 2018; Zaretsky, 1978). Esto ha generado una brecha analítica en el estudio de su papel en las dinámicas de protección social.

Este estudio se sitúa en el contexto del capitalismo dependiente y analiza cómo las transformaciones históricas y políticas han configurado la relación entre el Estado y la familia en la protección social brasileña. La investigación examina publicaciones de la Revista Serviço Social e Sociedade (1979-2016) con el objetivo de identificar patrones y tendencias en los manuscritos sobre esta temática.

El análisis de los materiales estudiados revela una constante preocupación por la relación entre el Estado y la familia en este ámbito de la revista; sin embargo, estas postulaciones aparecen de manera dispersa y poco sistematizada. Los resultados de este estudio identifican patrones históricos y tendencias en la protección social en Brasil, entre ellos: a) la lógica del familismo, b) las dinámicas de focalización/selectividad, c) los mecanismos de control poblacional y d) la sobrevaloración del trabajo como un principio moral.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Capitalismo dependiente y la protección social en América Latina

La formación del Estado brasileño en el contexto del capitalismo dependiente aporta un marco explicativo fundamental para comprender las particularidades de la relación Estado y familias en el ámbito de la protección social.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se produce una importante transformación en el proceso de producción capitalista, dando forma a su fase más avanzada (Netto, 2017). Este proceso responde al objetivo principal de maximizar las ganancias mediante el control de los mercados, donde los bancos y el sistema de crédito desempeñan un papel clave. Más recientemente, se ha sumado la carrera por la tecnología algorítmica como parte del capitalismo digital, adquiriendo un rol estratégico, dinámico y también inestable (Prodnik, 2022).

Si nos enfocamos en América Latina, Ruy Mauro Marini (2005) sostiene que la región desempeñó un papel fundamental en la configuración de la economía capitalista mundial, postulando que fue clave en su desarrollo y expansión. El autor destaca que la formación de la gran industria en los países centrales dependió en gran medida de las naciones periféricas. Para el crecimiento de la población urbana en el siglo XIX, los países centrales requerían medios de subsistencia que provenían de los productos agrícolas de la periferia mundial, siendo América Latina una de las principales proveedoras.

La capacidad de América Latina para proveer alimentos y materias primas al mercado mundial fue fundamental para su inserción en la economía global. Este proceso intensificó la división internacional del trabajo, consolidando a los países industriales como centros de producción manufacturera a escala global (Williams, 2011). En este proceso, como señala Marini (2005), se produce una deterioración en los términos de intercambio, lo que deprecia los bienes primarios en comparación con los productos industriales. Esta transgresión de la ley de intercambio tiene consecuencias significativas, ya que obliga a las naciones más desfavorecidas a ceder parte del valor que generan. Ante esto, intentan compensar el desequilibrio entre los precios y el valor de sus mercancías exportadas, es decir, buscan contrarrestar la pérdida en el comercio internacional mediante una mayor superexplotación de los trabajadores. Por lo tanto, el intercambio desigual se convierte en un mecanismo para ampliar el trabajo excedente. Para ello, se recurre a diferentes estrategias, ya sea a través de la plusvalía relativa (mediante la intensificación del trabajo), de la plusvalía absoluta (con el aumento de la jornada laboral) o del fondo de consumo del trabajador (parte del trabajo necesario para reponer su fuerza laboral), que termina convirtiéndose en acumulación de capital. En este contexto, se le niegan al trabajador las condiciones necesarias para recuperar el desgaste de su fuerza de trabajo. De este modo, el trabajo es remunerado por debajo de su valor, lo que resulta en una superexplotación laboral.

Netto (2017) sostiene que la reconfiguración global del mercado capitalista ha dado lugar a políticas neocolonialistas orientadas a controlar pueblos y naciones. En la era de los monopolios, el Estado organiza la economía integrando sus funciones políticas y económicas, fomenta inversiones rentables, gestiona crisis mediante políticas anticíclicas y construye un aparato ideológico para integrar al trabajador en la sociedad capitalista.

Camila Pereira (2016), quien señala que en el capitalismo el objetivo de la producción nunca ha sido, ni será, la satisfacción de las necesidades humanas, sino, por el contrario, la satisfacción de las exigencias del capitalismo. En sus análisis, la autora sostiene que el capitalismo busca constantemente estrategias para enfrentar sus crisis, entre ellas, su legitimación a través de medidas de protección social. Argumenta, además, que el capitalismo no puede existir sin crisis, sin crédito ni sin políticas de protección social. Esta contradicción es inherente al funcionamiento de este modelo de sociabilidad y, por lo tanto, constituye un elemento central en el análisis de la protección social.

2.2. La reproducción social y protección social

El Estado mantiene un espacio de intersección con la sociedad civil, especialmente con la familia, en el ámbito de la reproducción social. A través de la protección social, él asume parte de los costos asociados a la reproducción de la fuerza de trabajo y, puede desempeñar un papel más o menos significativo en la satisfacción de las necesidades humanas.

En cuanto a la reproducción social, las reflexiones de Cindi Katz (2019) señalan que los cambios en el desarrollo del capitalismo generan transformaciones en los procesos de reproducción social. La reproducción social es el ámbito donde se socializan los costos de la producción. Harvey (2014), al analizar la dialéctica entre producción y reproducción, señala que una de las principales funciones del Estado capitalista es garantizar la productividad del trabajador, lo que requiere intervenciones en el ámbito de la producción que, en gran medida, se extienden más allá de este ámbito. De este modo, el Estado participa en la reproducción de la fuerza de trabajo (mercancía fundamental dentro del sistema de valor) a través de mecanismos de protección social, cuya amplitud varía según la fase del proceso productivo y la posición que ocupa dentro de la expansión del capitalismo. En ello radica una contradicción fundamental: aunque la protección social ofrece ciertas garantías a los trabajadores en relación con sus necesidades, dentro del capitalismo, por sí sola, no elimina las formas de explotación. En este sentido, la protección social responde tanto a determinaciones globales como a dinámicas particulares dentro del capitalismo. Además, en ella también incide la lucha de trabajadores/trabajadoras por mejores condiciones de vida, impulsando en la agenda pública demandas orientadas a la satisfacción de sus necesidades fundamentales.

Lídia Silva (1987) y Silva Frederici (2018) sostienen que la familia es una institución clave para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo. En el contexto los Estados de capitalismo dependiente, esa función se destaca aún más. Con la participación residual del Estado en la reproducción, estos costos se privatizan en gran medida a la sociedad civil, de la cual la familia forma parte esencial. A ello se suma el hecho de que en Brasil predomina un tipo de elite poco sensible a las necesidades sociales de la gran mayoría de la población. Esta forma de dominación ha contribuido significativamente a forjar un orden estatal orientado a asegurar los intereses de una pequeña parte de la sociedad (Fernandes, 1976). Así, observamos que las familias de las clases populares se ven obligadas a asumir los costos diarios de la reproducción de la fuerza de trabajo.

2.3. Particularidades de la protección social en Brasil y su vínculo con las familias

El Estado de bienestar que se desarrolló en Europa durante los llamados “años dorados” del capitalismo regulado, se consolidó como un referente clave en la garantía de los derechos de la clase trabajadora. Sin embargo, las condiciones para la construcción de un Estado de bienestar en Brasil y América Latina no se establecieron en los mismos términos. Por el contrario, las condiciones históricas y sociales presentes en la región han generado obstáculos para alcanzar niveles más sustanciales de ciudadanía y justicia social.

Sônia Fleury (1994) señala que los principales obstáculos a la ciudadanía en América Latina derivan de la persistencia de estructuras patrimonialistas y clientelares que segmentan el acceso a los derechos sociales. La universalización formal de la ciudadanía convive con prácticas de cooptación y exclusión que impiden la igualdad jurídico-política y la plena integración nacional. Así, el Estado latinoamericano se configura como un “Estado sin ciudadanos”, donde la protección social reproduce jerarquías y limita la democratización efectiva. De este modo, el desarrollo del capitalismo en la periferia, condicionado tanto por factores internos como externos de cada país, ha impedido que la clase trabajadora acceda a un nivel civilizatorio más avanzado en materia de derechos sociales.

Fue en medio de las tensiones entre el capitalismo y el trabajo que surgieron medidas de protección contra los riesgos laborales. Sin embargo, es importante considerar que la protección social en el capitalismo sigue la lógica y la dinámica propias de este sistema. A su vez, estas características adquieren particularidades según la forma en que cada Estado nacional se inserta en el desarrollo global del sistema capitalista. Ante la ausencia de una protección social universal, el trabajador se ve obligado a buscar en el mercado o en sus redes primarias el apoyo necesario para la reproducción y el mantenimiento de su fuerza de trabajo, así como para la subsistencia. Ante los problemas que afectaban a la sociedad en el contexto del capitalismo dependiente, el rastro histórico de la respuesta del Estado indica que la reproducción social se basó en una lógica privatizadora, limitada al contrato laboral, donde el esfuerzo extenuante debía garantizar el sustento del trabajador y su familia. De este modo, el Estado eludió su responsabilidad, delegando a las familias los costos de la fuerza de trabajo, obligándolas a asumir su mantenimiento y reproducción.

La Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, marca un nuevo nivel en la relación entre el Estado y la sociedad, especialmente en lo que respecta a los derechos sociales. Este documento constitucional refleja aspiraciones y anhelos de una sociedad más justa y democrática, incorporando avances significativos al establecer un sistema de bienestar social. Mientras el mundo estaba marcado por el avance del neoliberalismo desde la década de 1970, Brasil, a pesar de todas las dificultades, logró diseñar una Constitución que se destacó por los principios de universalidad, seguridad social y derechos sociales). Sin embargo, este avance se vio interrumpido con la adopción del proyecto neoliberal en la década de 1990, basado en la reducción del Estado y la focalización de las políticas sociales. La Constitución reconoció y validó elementos fundamentales de una sociedad capitalista, como la libre iniciativa y la propiedad privada. No obstante, también estableció tareas a cumplir en materia de desarrollo, reducción de desigualdades y promoción de la justicia social. Estableció programas de acción con el objetivo de mejorar las condiciones sociales y económicas de la población. Por otro lado, tras la aprobación de la Constitución, la élite nacional y los muchos de los gobiernos que la sucedieron, fuertemente influenciados por la ola neoliberal que atravesaba América Latina, señalaron un “exceso de garantías sociales”. Justificaban que el documento constitucional era un obstáculo para alcanzar la estabilidad económica del país (Fagnani, 2011).

Para Atílio Boron (2006), las políticas neoliberales implementadas en América Latina, lejos de impulsar una reforma orientada hacia una mayor libertad, bienestar e igualdad para toda la sociedad, como prometían sus defensores, lograron precisamente lo contrario. En la práctica, estas medidas se tradujeron en contrarreformas que profundizaron los recortes de derechos, redujeron drásticamente las prestaciones sociales del Estado y consolidaron una sociedad aún más injusta y desigual.

Según Pereira-Pereira (1995), en el Brasil de la década de 1990, comenzó a ganar protagonismo la perspectiva del bienestar pluralista, es decir, una visión en la que el Estado “promueve” el bienestar mediante la revalorización de los sectores informales, junto con una reducción de su propia intervención. En este enfoque, se destaca un tipo de pluralismo liberal que equipara la descentralización con la privatización y la transferencia de responsabilidades del Estado a la sociedad. Como resultado, se produce una restricción y dilución de derechos en nombre de la autonomía y la libertad de elección individual, consolidando un modelo de protección social en el que el Estado, el mercado y la sociedad civil se transfieren mutuamente la responsabilidad en materia de protección social (Pereira, 2016). En estos esquemas de transferencia de responsabilidades entre diferentes sectores de la sociedad, se destaca la carga impuesta a la familia para asumir los costos diarios de mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo.

Pereira-Pereira (2004) cuestiona el papel de la familia en los esquemas de protección social de orientación neoliberal y resalta cómo ha sido redescubierta como un sustituto privado del Estado en la provisión de bienes y servicios sociales básicos. En esta perspectiva, el Estado se beneficia de la participación autónoma y voluntaria de la familia, al mismo tiempo que exige una mayor intervención del sector privado en la prestación de servicios sociales. Esto impone un compromiso significativo a las familias, que a su vez son concebidas como un recurso de solidaridad dentro de las redes primarias e informales de protección. Campos y Mioto (2003) analizan que la Constitución Federal de 1988 y el marco legal que respaldan las políticas sociales desde la perspectiva de los derechos sociales como: la Ley n.º 8.742, de 7 de diciembre de 1993 (Ley Orgánica de Asistencia Social), Ley n.º 8.080, del 19 de septiembre de 1990 (Ley Orgánica de Sanidad), Ley n.º 8.069, del 13 de julio de 1990 (Estatuto del Niño y del Adolescente) y la Ley n.º10.741, del 1o de octubre de 2003 (Estatuto de la Persona Mayor); sin embargo, también mantienen tensiones en torno a la responsabilidad por la provisión social.

Mioto (2016) concluye que, a pesar de los avances constitucionales en materia de protección social, la racionalidad de las políticas sociales en Brasil sigue marcada por la reafirmación de la obligatoriedad de la solidaridad familiar. Los procesos de contrarreforma del Estado en la década de 1990 intensificaron aún más la privatización de la protección social, a través tanto del mercado como de la sociedad civil, donde la familia emergió como protagonista clave. La lógica del familiarismo en el ámbito está arraigada en la trayectoria del país y se ve reforzada por la matriz neoliberal.

Esto se manifiesta en la reducción de los presupuestos públicos y la adopción de medidas “técnicas”, como la edad mínima para la jubilación, la extensión del tiempo de cotización, jubilaciones complementarias financiadas por capitalización y la introducción de impuestos más regresivos que afectan a la clase trabajadora. Además, se ha reducido la financiación de los sistemas públicos de sanidad, lo que ha llevado a su mayor restricción, mientras que los sistemas privados de salud y seguridad social han ganado terreno (Boschetti, 2015).

Así pues, las familias tienen que destinar cada vez una mayor porción de su salario para cubrir los costos de la reproducción de la vida. Además, se observa ataques a las condiciones laborales, evidenciado en el aumento del desempleo, la flexibilización y reducción de los derechos laborales. Boschetti (2015) llama la atención sobre el hecho de que las políticas de activación laboral, que incentivan al trabajador a aceptar el empleo disponible, incluso bajo condiciones muy precarias, ganan fuerza en este contexto. Se reactualiza la antigua idea de que los pobres aptos para trabajar deben someterse a cualquier tipo de actividad laboral como condición indispensable para acceder a servicios sociales.

Ante lo expuesto, podemos inferir que, con la implementación del Estado mínimo, el soporte para la reproducción y el mantenimiento de la fuerza de trabajo quedó cada vez más limitado al mercado o a las redes de apoyo y solidaridad de las relaciones primarias. Se refuerzan las tendencias que ensalzan las funciones tradicionales de la familia (Cooper, 2017). El Estado neoliberal legitima de manera constante estas prácticas para diluir la conciencia colectiva acerca de sus propias responsabilidades en los procesos de producción y reproducción social.

3. METODOLOGÍA

La trayectoria de este estudio, además de revisar obras de autores clásicos y contemporáneos, incluye el análisis de materiales específicos que sirvieron como fuentes para la investigación. Nuestra fuente primaria abarca artículos publicados en la Revista Serviço Social e Sociedade entre 1979 y 2016. La elección de esta revista se debe a su relevancia en el campo del Trabajo Social brasileño, siendo reconocido como un espacio consolidado de reflexiones críticas y debates sobre las interacciones entre políticas sociales, Estado y familia en Brasil.

En la fase inicial de la investigación empírica, identificamos un universo de 1.622 textos publicados en la Revista Serviço Social e Sociedade entre 1979 y 2016. El recorte temporal de 1979 a 2016 engloba los años finales de la dictadura militar, la Constitución de 1988, que marcó la estructuración de las políticas sociales en el país, y 2016, año de significativas inflexiones en las políticas públicas a raíz de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Este criterio permitió analizar el debate sobre la relación entre el Estado y la familia en distintas conjunturas políticas y económicas, evidenciando cómo estas transformaciones han impactado tanto la configuración de la protección social sobre la familia en Brasil, tal como se refleja en los manuscritos de esta revista.

Para sistematizar esta información creamos un catálogo estructurado de los artículos publicados.

Con base en dicho catálogo, iniciamos la selección de los textos a analizar en su totalidad, utilizando como criterio: a) la presencia de la palabra "familia" o sus derivaciones (familiares, familiar, etc.) y b) en los títulos de aquellos artículos que abordasen la acción profesional de los trabajadores sociales en las instituciones estatales. La aplicación de estos criterios permitió identificar 108 artículos publicados en el período analizado, de los cuales 101 estaban íntegramente accesibles.

Para el análisis de este material, elaboramos una matriz de organización del contenido, estructurada en tres ejes principales: a) Familia: discursos y representaciones de la familia en el contexto de las políticas sociales; b) Estado: funciones y responsabilidades asignadas al Estado en la protección social; c) Relación Estado-familia: mecanismos mediante los cuales el Estado delega funciones a la familia en la provisión de servicios sociales.

A partir de esa matriz, extrajimos los fragmentos más relevantes de cada artículo, priorizando aquellos que expresaban de forma directa el contenido vinculado a los ejes temáticos. El objetivo de este enfoque fue identificar patrones y tendencias en la relación entre el Estado y la familia a lo largo del período analizado.

Técnicas de análisis: El análisis de los artículos seleccionados se llevó a cabo mediante la técnica de análisis de contenido, lo que permitió examinar la construcción discursiva en los manuscritos sobre la relación entre el Estado y la familia en las políticas sociales a lo largo del período estudiado. Para organizar y sistematizar los datos, utilizamos el software Nvivo, que facilitó la identificación de patrones discursivos y categorías temáticas recurrentes.

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A la luz de los análisis y aportes se evidencia que el Estado brasileño ha exigido históricamente la adhesión y, sobre todo, el compromiso de las familias de la clase trabajadora con el desarrollo del capitalismo dependiente. La adhesión y el compromiso exigidos a las familias por el Estado para el desarrollo del capitalismo no parecen circunscribirse únicamente al ámbito de la producción, sino que se extienden, de manera fundamental, al campo de la reproducción social (donde se socializan diariamente los costos de la producción) y, por consiguiente, afectan la protección social. Los análisis de los contenidos de las publicaciones de la Revista Serviço Social e Sociedade, a partir de nuestro objeto de estudio, parecen confirmar la existencia de este patrón histórico.

Las producciones abarcan diferentes cuestiones que giran en torno a la protección social, las políticas sociales y las respuestas estatales a las diversas manifestaciones de la “cuestión social”. Así, el análisis del material nos permitió configurar cuatro ejes a través de los cuales se articulan patrones que impregnan la dialéctica de la relación establecida entre el Estado brasileño y las familias de la clase trabajadora. Son los siguientes: 1) un patrón familiarista en el reparto de los costos de la reproducción; 2) un patrón de ofertas sociales basado en la selectividad y focalización, que resulta perjudicial para atender las necesidades sociales; 3) patrón de control de la población a través de los servicios sociales; 4) un patrón de ofertas sociales fundamentado en la ética del trabajo que atraviesa los servicios sociales.

La combinación de estos ejes resulta en mecanismos que exige de las familias populares adhesión y compromiso con el desarrollo del capitalismo en su fase contemporánea. A continuación, describiremos cada uno de estos ejes, que, a nuestro parecer, son subproductos de la conjunción del desarrollo del capitalismo dependiente, el cual obstaculiza la constitución de un Estado con características más democráticas y una mayor profundización de la justicia social.

4.1. Familiarismo como patrón histórico de la relación entre el Estado y la familia en el ámbito de la protección social

El familiarismo se basa en la idea de que las unidades familiares deben asumir la responsabilidad por el bienestar de sus miembros (Esping-Andersen, 2000). Según Mioto (2016), se trata de un patrón cultural y político secular que se ha manifestado tanto en el ámbito de la legislación (con su solidaridad obligatoria) como en la configuración de la política social, ya sea por la ausencia de políticas que sostengan la vida familiar o por las formas en que la familia se incorpora a dicha política. En el contexto de un capitalismo periférico y dependiente, y debido al desarrollo desigual que ha marcado históricamente el país, junto con coberturas estatales residuales, el familiarismo se ha consolidado parte de la protección social.

El análisis del material empírico, basado en 40 años de publicación de la revista, evidencia de forma significativa –tanto cuantitativa como cualitativamente– la preocupación de autoras y autores por el familismo en la protección social brasileña, aunque este término no siempre se emplee de manera explícita.

Desde un punto de vista cuantitativo, observamos que, en el conjunto de textos analizados, autores y autoras reconocen una marcada tendencia a responsabilizar a la familia en el ámbito de la protección social. Asimismo, notamos que en todas las décadas analizadas (1980, 1990, 2000, 2010, hasta 2016) la responsabilidad de las familias por el bienestar de sus miembros sigue siendo objeto de análisis y crítica en las publicaciones de la revista. Sin embargo, a partir de la década de 2000 se intensificaron las críticas, lo que indica que esta tendencia se ha acentuado aún más con el neoliberalismo.

En la década de 1980, por ejemplo, ya se evidenciaban críticas relacionadas con la responsabilidad de la familia en los costos de la reproducción de la fuerza de trabajo. Durante esa década, se publicaron artículos críticos que examinan el control de la natalidad y las metodologías de desarrollo comunidad en el contexto latinoamericano, por ejemplo. Uno de estos estudios ofrece un análisis de los polémicos programas de “control de natalidad” (esterilización de mujeres pobres) implementados a principios de los años 80 en el municipio de São Paulo (Hermácula, 1982). En ese contexto, se destaca la idea de que la familia de la clase trabajadora debe evitar los nacimientos y controlar el número de hijos, pues se asume que es la única responsable de la protección social de sus miembros. Bajo estas condiciones, sin el respaldo público – sin políticas sólidas de educación, salud, vivienda, alimentación, etc. – y frente a la precariedad de las condiciones laborales y los bajos salarios, estas familias tendrían dificultades para asumir los costos diarios de la reproducción. Las ideas que atribuyen las raíces de los problemas sociales a las familias, especialmente de las mujeres, llevan a suponer que la solución a dichos problemas está circunscrita a las propias familias, lo que oscurece las relaciones de clase y exime al Estado de asumir los costos de la reproducción.

Otros textos publicados en la misma década, que abordaron el tema de la familia y la comunidad, se insertaron en el debate sobre América Latina, resaltando las preocupaciones de la región en el contexto del capitalismo y las formas de dominación sufridas por los países periféricos. Cornely (1987) describe en su texto sobre participación popular cómo los programas oficiales coordinan los “mutirones”, que es la participación directa de la comunidad en la preparación del terreno y construcción de las casas (Cano-Castro, 2015), para generar la infraestructura básica necesaria para reproducir la fuerza de trabajo. Según ella, esta experiencia se sustentó en una retórica integradora que incentivaba a las familias de la clase trabajadora a integrarse al proyecto capitalista, y estos mecanismos demostraron ser eficaces para contener el potencial reivindicativo de esa clase. Podemos inferir que cuanto más se refuerza la lógica de que la esfera privada está separada de la esfera productiva, más se desplaza la “cuestión social” hacia el individuo o la familia, creando así las condiciones para la consolidación de la privatización de esos costos.

En la década de 1990, bajo la Constitución de 1988, se denunció que la población vivía en condiciones precarias y se esforzaba para costear la reproducción de su fuerza de trabajo. Costa y Cavalcante (1990) examinan la gestión de la producción doméstica en familias del sector informal. Se infiere que estas condiciones precarias persisten en la clase trabajadora durante la urbanización, la industrialización e incluso tras la adopción de una Constitución orientada a los derechos sociales. La lógica que persiste es que las familias deben encontrar por sí mismas estrategias para sobrevivir a lo largo de las distintas fases del desarrollo, todas ellas marcadas por la desigualdad.

Brant (1993, p. 70) caracteriza cómo la solidaridad primaria es fundamental como estrategia de supervivencia de las clases trabajadoras. Sostiene la autora: “La subsistencia de los desposeídos en esta sociedad de apartheid social elige a familiares, vecinos y compadres de la misma región como apoyo en situaciones difíciles”.

Este patrón del Estado brasileño se refuerza en los años 90 con la ola neoliberal que afecta a América Latina. Carvalho (1998) señala que las formas de explotación pueden volverse aún más intensas cuando se analizan desde la perspectiva de género, edad y raza, especialmente en el caso de las familias encabezadas por mujeres.

Rocha (2001), también se observa en el ámbito del Poder Judicial un refuerzo persistente de las funciones familiares tradicionales. Ante la ausencia de un sistema de apoyo y protección social universal, muchas mujeres y niños terminan sometidos a diversas formas de vulneración de derechos —como la violencia de género, la violencia institucional, las desigualdades y la dominación—, en un contexto marcado por la sobreresponsabilización de las mujeres en las tareas de cuidado, que, en ocasiones, son incluso reforzadas por agentes estatales.

Por su parte, Coelho (2002) analiza el trabajo de la mujer y las relaciones familiares en las zonas urbanas, y resulta emblemático al presentar la realidad de las mujeres en el contexto del mercado laboral y la conciliación con el trabajo reproductivo. Se ven afectadas por la falta de servicios públicos que compartan con ellas la responsabilidad del cuidado de los hijos, de quienes, por regla general, son las principales responsables. En el contexto de los Programas de Transferencia de Renta (PTR), Carloto (2006) analiza cómo estos programas insertan a las mujeres de la clase trabajadora en el desempeño de roles y responsabilidades dentro de la esfera reproductiva.

En definitiva, la protección social brasileña ha estado marcada por la lógica del familismo, refuerza la separación entre lo público y lo privado, ocultando la interdependencia entre producción y reproducción. Esto ha desvinculado las políticas sociales del mundo del trabajo, otorgando a la familia un papel central en la reproducción de los roles tradicionales de la familia nuclear burguesa. Así, se afianzan las expectativas de que sus miembros se ajusten a esta moral y asuman los roles que el sistema les impone para sostener el capitalismo.

4.2. Relación entre Estado y familia en el ámbito de la protección social y mecanismos de control

Según Iamamoto y Carvalho (1982), los servicios sociales fueron también utilizados como instrumentos para controlar a la clase trabajadora e imponer la racionalidad y la lógica de dominación vigentes. A lo largo de las diferentes décadas de publicación de la revista, autoras y autores destacan y analizan el carácter controlador de ciertos servicios sociales en Brasil.

En la década de 1980, Simão (1983) abrió el debate sobre la familia y el Código de Menores, cuestionando lo que en esa época se denominaba el “problema del menor” y señalando las formas de control sobre la vida de la futura clase trabajadora. El autor concluye que esta legislación se reveló como un instrumento de dominación a través del cual el Estado intentaba regular la vida de un sector específico de la población. En la década de 1980, Santos (1980) señala que el Estado busca integrar de manera controlada a la clase trabajadora en el capitalismo y, mediante las políticas sociales, imponer normas, coerción y el uso de la fuerza, es decir, la dominación política de clase, para asegurar que esté disponible para la apropiación y explotación de su fuerza de trabajo. Un manuscrito de 1985 también resulta ilustrativo en este sentido al afirmar que, en términos generales, las políticas de asistencia pública “nacieron y se desarrollaron en Brasil como parte de una estrategia de intervención y control del Estado sobre la clase trabajadora” (Belfiore, 1985, p. 76).

Lavergne (2012) tiene como propósito mostrar cómo el Programa Bolsa Família (PBF) se inscribe en una perspectiva de normalización, al operar mediante normas y regulaciones. El autor analiza cómo la población beneficiaria del programa es considerada y clasificada según su desviación de la “normalidad” en aspectos como educación, salud e higiene pública, empleabilidad y consumo, convirtiéndose en el centro de una regulación obsesiva.

Lo que podemos concluir es que, a lo largo de sus 40 años de publicación, los trabajos de la revista han señalado también una dimensión de control presente en la protección social en Brasil. Además, la vigilancia dentro de la lógica de la protección social, al entrelazarse con el ámbito de la reproducción social, responsabiliza y controla a las familias, comprometiéndolas con las formas de desarrollo del capitalismo dependiente, donde las condiciones laborales son extremadamente precarias y el Estado no brinda un apoyo suficiente para cubrir los costos de reproducción de la fuerza de trabajo.

4.3. Focalización y selectividad: un patrón histórico en la provisión de servicios sociales

La focalización y selectividad en la provisión de servicios sociales es un tema central en las relaciones entre el Estado y las familias de la clase trabajadora en Brasil. Pereira (2016) señala que, en muchos casos, para acceder a los derechos sociales es necesario demostrar una condición de pobreza suficiente para ser considerado merecedor de la protección social. Bajo esta lógica, el merecedor de la protección social debe ser el más pobre entre los pobres, además de demostrar idoneidad moral y ofrecer contrapartidas.

Kamayana (1981) señala la existencia de una lógica de la clasificación en la provisión de servicios sociales. Dicha lógica se vuelve necesaria ante la ausencia de políticas sociales universales, lo que conduce a un esfuerzo institucional por tipificar y categorizar a los usuarios, con el objetivo final de racionar los escasos recursos destinados a la protección social.

Brant (1984) ejemplifica cómo los servicios sociales operan dentro de una lógica de emergencia, lo que termina reforzando la desigualdad estructural arraigada en la formación social del país. “Los excluidos en Brasil no tienen derecho a la salud, pero sí acceso a la sala de urgencias del hospital, donde son atendidos como indigentes en situaciones de emergencia y luego abandonados a su suerte” (Brant, 1984, p. 42). De ahí que, la población es constantemente responsabilizada por los costos de su propia reproducción, mientras recibe solo coberturas residuales y de emergencia para afrontar las vicisitudes de la vida en el capitalismo. Además, cuando estas respuestas se ofrecen, suelen presentarse de manera ambigua, como si fueran favores o concesiones.

De manera coherente con lo anterior, Faleiros (1985, p. 79) expresa: “En los países donde la asistencia no se ha consolidado como un derecho social, la provisión de recursos también es aleatoria y temporal”.

A finales de la década de 1990 y años 2000, los estudios señalan la prevalencia de la racionalidad económica por encima de las medidas destinadas a atender las necesidades sociales. En este contexto, se intensifica la focalización de las políticas sociales en los considerados más “vulnerables” como una estrategia de alivio de la pobreza, mientras se mantiene la estructura desigual al reforzar esta misma focalización. Dado que los programas de estabilización económica provocaron recortes, especialmente en inversión social, la concentración de recursos en la protección de grupos vulnerables no solo se volvió una medida necesaria, sino también racional.

4.4. La ideología de supervalorización del trabajo como valor moral en la relación entre el Estado y la familia

Una ideología que sobrevalora el trabajo en el capitalismo, constituye otro eje destacado en la dialéctica entre el Estado y las familias. Según Pereira (2016), la estrategia de “activar” a los denominados “dependientes de la protección social” para el trabajo se fortaleció también en los años 90. Esta modalidad, denominada workfare (en contraposición a welfare), consolida un tipo de protección social pro-laboral que exige que beneficiarios y beneficiarias estén disponibles para trabajar, incluso en condiciones no protegidas, es decir, en contextos de mayor explotación.

En las publicaciones de la Revista Serviço Social e Sociedade se observan indicios de que la ética del trabajo es un componente fundamental en la relación entre el Estado y las familias en el ámbito de la protección social. Varios estudios analizados denuncian las precarias condiciones laborales de las familias beneficiarias, mientras que muchas de estas políticas o servicios sociales refuerzan la inserción de la población en circuitos laborales desprotegidos. Estos elementos se pueden identificar desde los primeros años de publicación de la revista. En 1987, el periódico publicó un texto que demuestra la preocupación del autor por la familia en América Latina, situada en la división internacional del trabajo. Uriarte y Bravo (1987) llaman la atención sobre la dinámica de la explotación laboral en la región, donde se observa un incremento en la sobreexplotación, especialmente de mujeres y niños. En este escenario, muchas políticas sociales terminan reproduciendo y reforzando la inserción de las familias de la clase trabajadora en empleos precarios y sin protección. Siguiendo en esa línea, Costa y Cavalcante (1990), destaca la precarización laboral y la lucha diaria de ellas para asegurar su supervivencia. En este contexto, los hijos de estos trabajadores, de forma prematura, se ven obligados a contribuir al ingreso familiar y, por ende, a asumir los costos cotidianos de la reproducción de la fuerza laboral del hogar.

Asimismo, entre los manuscritos analizados, Carvalho (1998) y Coelho (2002) reflexionan sobre la explotación del trabajo femenino. Señalan que, en muchas ocasiones, los propios servicios sociales derivan a las mujeres hacia empleos precarios que se presentan como una extensión del trabajo doméstico, invisibilizado y subalterno. Incluso, en ocasiones, los servicios de protección social terminan reforzando las “funciones tradicionales” de la mujer al responsabilizarla por el trabajo reproductivo. Carloto (2006) postula que la principal estrategia de las políticas focalizadas ha sido la entrega directa de bienes o la implementación de actividades de capacitación que refuerzan las habilidades consideradas adecuadas para amas de casa y madres que no están en el mercado laboral formal.

Marques y Maia (2007) destacan las contradicciones que rodean al Programa Bolsa Família (PBF) desde la perspectiva de sus beneficiarias. A menudo, los mecanismos implementados por las políticas sociales refuerzan un sentimiento de “fracaso” individual. Las personas que reciben el beneficio se comprometen a dejar de depender del programa de transferencia de ingresos. La lógica de la supervalorización del trabajo —incluso del trabajo más precarizado—, presente en muchas medidas de protección social, hace que las propias beneficiarias asuman que deben desarrollar habilidades y competencias para insertarse en el mercado y enfrentar individualmente las causas de la pobreza. Además, Carnelossi (2016) también ayuda a comprender cómo el enfoque laboralista atraviesa las llamadas políticas sociales de nueva generación. Estas políticas, como hemos visto, se basan en la activación del mérito para el trabajo e intentan inculcar la idea de que sus beneficiarios y beneficiarias deben adoptar el hábito del trabajo, aunque este se realice en condiciones extremadamente precarias, es decir, bajo una explotación aún mayor.

5. CONCLUSIÓN

En el transcurso de este estudio se pudo afirmar que, en el capitalismo, tanto el Estado como la sociedad civil —de la cual la familia forma parte— comparten la participación en el ámbito de la reproducción social (los costos de reproducir la vida). Esta participación se concreta a través de medidas de protección social, mediante las cuales el Estado y la familia asumen conjuntamente los costos de reproducir la fuerza de trabajo. En este contexto, el Estado puede desempeñar funciones de mayor o menor envergadura para satisfacer las necesidades humanas. Asimismo, observamos que la estructura de la protección social se ajusta a las fases del desarrollo capitalista y depende de la forma particular en que cada Estado se integra a las dinámicas del sistema global.

En el caso de Brasil y América Latina, prevalece la dinámica de intercambios desiguales en las relaciones capitalistas ampliadas, lo que influye en la configuración del sistema de protección y en las formas de explotación laboral. Ante la ausencia de una protección social universal, el trabajador y la trabajadora se ven obligados a buscar apoyo en el mercado o en sus redes primarias para la reproducción y el mantenimiento de la vida.

Nuestro estudio nos lleva a afirmar que la adhesión y el compromiso que el capitalismo exige a estas familias no se circunscriben únicamente al ámbito de la producción, sino fundamentalmente al de la reproducción social, donde se socializan cotidianamente los costos de la producción. A pesar de los avances logrados con la Constitución Ciudadana, no hemos alcanzado el sueño de una sociedad más justa y democrática, en la que el Estado participe activamente en los costos diarios de la reproducción de la fuerza de trabajo. Los obstáculos que se presentan son profundos, están relacionados con la escala neoliberal de las últimas décadas y, además, reflejan un patrón histórico de dominación que, año tras año, impide la consolidación real de una sociedad sustancialmente democrática.

En ese sentido, la fórmula utilizada en el ámbito de la protección social se fundamenta en ejes estructurales que pueden representarse mediante el familiarismo, la lógica de la selectividad y focalización, los mecanismos de control de la población y la supervalorización del trabajo como valor moral central en la relación entre el Estado y la familia. En primer lugar, defendemos la necesidad de retomar la familia desde una perspectiva crítica como objeto de estudio; la relación entre el Estado y la familia, exige análisis exhaustivos para revelar las múltiples facetas de estas relaciones que aún nos parecen nebulosas. Además, hemos observado que el tema de la reproducción social, considerado clave analítica, recibe poca atención. Explorar el tema de la reproducción social en la relación entre el Estado y la familia puede contribuir a comprender las contradicciones que giran en torno a este campo. Consideramos que, a pesar de ser parciales y provisionales, los hallazgos de este estudio revelan un campo abierto que requiere profundización y nuevas mediaciones en el campo de las políticas sociales en Brasil y América Latina.

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