1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es realizar una reflexión, desde la perspectiva feminista y alcance internacional, sobre las medidas complementarias o alternativas comunitarias a la institucionalización de las mujeres que sufren violencia en las casas de acogida. Porque el hecho de que sean ellas las que tengan que renunciar a sus contextos sociales y no quienes cometen el delito, las revictimiza y es otra más de las injusticias que tienen que padecer (Delgado, 2002; Blanco, 2008; Sáez, 2017; Cáceres, 2018; Hasanbegovic, 2019).

A nivel internacional, se considera una buena práctica garantizar que las mujeres tengan acceso a albergues que cumplan las normas de seguridad necesarias para protegerlas de la violencia. Según las recomendaciones de un grupo de expertos del Consejo de Europa, en los albergues debería haber una plaza por cada 7.500 habitantes y la norma mínima debería ser una plaza por cada 10.000 (ONU, 2006; ONU Mujeres, 2012).

Sin embargo, la experiencia internacional también indica que “no es fácil para las mismas mujeres dejar sus espacios habituales de vida, redes y actividades para trasladarse con su descendencia a un recurso habitacional temporal” (Macuer, Weinstein y Belmar, 2017, p. 50; Moriana, 2022). De hecho, personas autoras como Subirats et al. (2004) consideran que el ingreso de las mujeres en los hogares colectivos las separa bruscamente de su medio más inmediato y las desvincula de dos ejes básicos de integración social: la esfera productiva, su relación con el mercado y las redes familiares y sociales.

Además, el hecho de vivir en una institución residencial puede resultar difícil tanto para las mujeres como para su descendencia (Rebollo, 2005; Moriana, 2017; Prieto y Pulido, 2020). Sobre todo, teniendo en cuenta que la estancia en las casas de acogida no suele solucionar los problemas que motivan el ingreso (Moriana, 2014 y 2017) y que a las mujeres no se las protege de la violencia, persecución o muerte por el hecho de ocultarlas temporalmente en un centro residencial (Sánchez Rodríguez, 2007).

Así mismo, es necesario señalar que a nivel internacional no hay evaluaciones específicas sobre los resultados de la intervención con mujeres en el medio residencial y, como señalan Jonker et al. (2014), no existe consenso sobre qué resultados son primordiales en las intervenciones con mujeres maltratadas en centros de acogida, ni siquiera sobre si son una medida apropiada. Como señalan algunas autoras, respecto a las casas de acogida “pese a haberse popularizado resultan ineficaces en la mayoría de los casos” (Calle, 2004, p. 65).

Así, el objetivo de este artículo es realizar una reflexión desde la perspectiva feminista y con alcance internacional sobre las medidas alternativas y/o complementarias a las casas de acogida que no supongan que las mujeres tengan que dejar su entorno o contexto social. Para ello, en este trabajo se realiza una revisión de los informes oficiales sobre las mujeres institucionalizadas en las casas de acogida chilenas y de la Comunidad Valenciana, a la que sigue el método de investigación, los resultados, discusión, reflexiones finales y recomendaciones, el trabajo termina con las referencias bibliográficas utilizadas.

La elección de los dos contextos geográficos no es casual, ya el interés por el tema parte de una experiencia profesional en una casa de acogida de la Comunidad Valenciana (España) y de una revisión documental que motivó una estancia en Chile.

2. MATERIAL: INFORMES CHILENOS Y DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SOBRE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL A LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA

2.1. La institucionalización de las mujeres en las casas de acogida

En la Comunidad Valenciana no existen informes ni evaluaciones específicas de las casas de acogida. Sin embargo, están incluidas en los dos informes oficiales sobre la ayuda institucional a las mujeres que sufren violencia. La motivación del primero fue una noticia que saltó a los medios de comunicación en el año 2002, en la que se denunciaba el trato lamentable a una usuaria en una casa de acogida y ello, motivó la realización del primer Informe especial a las Cortes Valencianas del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (en castellano el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana): La respuesta institucional a la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja en la Comunidad Valenciana (2005). El segundo, se publicó a iniciativa del propio Síndic de Greuges: Informe del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana sobre la atención y protección a las mujeres víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana (2017).

Ambos están centrados en la oferta de recursos y ninguno cuestiona la institucionalización de las mujeres en los centros residenciales ni que ellas tengan que renunciar a su contexto y redes sociales solas con su descendencia ni la necesidad de medidas alternativas y/o complementarias a las casas de acogida.

Por su parte, aunque en Chile tampoco tienen evaluaciones específicas sobre las casas de acogida, han realizado tres informes sobre violencia contra las mujeres con algunas cuestiones de máximo interés para el tema que nos ocupa. Así, el primero: Análisis y Evaluación de la Ruta Crítica en Mujeres Afectadas por Violencia en la Relación de Pareja (Servicio Nacional de la Mujer, 2009), tiene como objetivo generar información sobre la llamada, debido a su complejidad e importancia, Ruta Crítica y definida como el proceso que emprenden las mujeres que sufren violencia que acuden a instancias socialmente establecidas de contención y/o denuncia con el fin de mejorar la intervención y oferta pública en este ámbito.

El segundo estudio: Informe Final de Evaluación, Programa de Prevención Integral de la Violencia contra las Mujeres y Programa de Atención, Protección y Reparación Integral de Violencia contra las Mujeres (Macuer, Weinstein y Belmar, 2017), señala que el Programa de atención, protección y reparación no presenta otras alternativas que permitan dar protección comunitaria a las víctimas. Por ello, en las medidas plantea, entre otras cuestiones, la necesidad de diseñar un sistema de protección que permita contar con mecanismos que no signifiquen que las mujeres que sufren violencia tengan que dejar sus espacios cotidianos y sus redes de apoyo. Pero también, que el diseño del programa está construido desde la oferta de servicios y no desde la demanda y la Ruta Crítica que deben seguir las mujeres para informarse, recibir atención, protección y reparación.

Por ello, realizan el tercer informe: Estudio cualitativo Actualización de Ruta Crítica de Violencia Contra la Mujer (Núcleo de Género Julieta Kirkwood de la Universidad de Chile, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y Banco Mundial, 2020), cuyo objetivo es indagar en la percepción que tienen las mujeres sobrevivientes de la violencia sobre la oferta de servicios estatales orientados a prevenir, acompañar y reparar sus vivencias de violencia de género.

2.2. Las mujeres institucionalizadas en las casas de acogida

En primer lugar, es necesario señalar que, aunque la violencia está presente en la vida de las mujeres de todas las clases sociales, no todas necesitan un recurso alojativo. Por ello, aunque en teoría las casas de acogida son para proteger a las mujeres que sufren violencia, en la práctica se utilizan para institucionalizar a las mujeres vulnerables y a su descendencia. Siguiendo los informes del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana (2005 y 2017), en las casas de acogida valencianas la proporción de usuarias migrantes es superior a la de las españolas, carecen de estudios, cualificación profesional, empleo, recursos económicos, vivienda, redes familiares y sociales y, la inmensa mayoría, tiene criaturas a su cargo.

Respecto a los centros alojativos para mujeres chilenos, el informe final de la evaluación de Macuer, Weinstein y Belmar (2017), señala que “las mujeres atendidas en las Casas de Acogida cuentan con redes de apoyo y recursos materiales y económicos, como es el caso de vivienda propia o arrendada a su nombre” (p. 50-51). Por ello, consideran relevante destacar que “no corresponden al perfil de alta dependencia o precariedad que habitualmente se señala como un factor de alto riesgo” (p. 51).

Sin embargo, no deja de ser curioso, contradictorio y sospechoso, que uno de los objetivos de las casas de acogida sea la revinculación de las mujeres a la comunidad, porque con su institucionalización lo que se ha hecho ha sido desubicarlas de sus contextos y redes sociales y familiares.

Las brechas y barreras que identifican las usuarias de las casas de acogida que han sufrido violencia tienen que ver, principalmente, con haber sido aisladas de sus entornos, con la consiguiente pérdida de redes, tanto afectivas como socioeconómicas, que se profundizan en el caso de las que tienen criaturas. De esta manera, las residentes de las casas de acogida señalan la desvinculación de sus contextos habituales como algo negativo, ya que deben abandonar sus casas, dejando atrás los vínculos cotidianos, afectivos y laborales que constituyen sus redes de apoyo. Esta desvinculación del medio cotidiano afecta también a la descendencia que acompaña a sus madres en estas estadías, experimentando un desarraigo no sólo de sus contextos cotidianos (casa y escuela) sino, también, de sus relaciones afectivas, tanto familiares como de amistad.

Pero, además, las mujeres institucionalizadas en las casas de acogida de ambos países han denunciado haber sufrido malos tratos [Alejandro Alarcón, «Grave denuncia contra casa de acogida del SernamEG: “Nos trataban muy mal”». BioBioChile, 29 de diciembre de 2016. <http://www.biobiochile.cl/Notic

ias/nacional/regiondelaaraucania/2016/12/29/grave-denuncia-contra-casa-de-acogida-del-sernameg-nos-trataban-muymal.shtml>] y se han quejado de la falta de productos básicos: alimentos y útiles de aseo personal para las mujeres y niños (Síndic de Greuges, 2005; Macuer, Weinstein y Belmar, 2017).

En este mismo sentido, las profesionales de las casas de acogida valencianas señalan que es muy difícil que las mujeres institucionalizadas no acaben viviendo su estancia en los centros como una nueva situación de angustia y maltrato, por lo que, en ocasiones, prefieren volver con sus agresores a su medio habitual, donde consideran que su situación es más llevadera y se sienten menos desubi­cadas (Síndic de Greuges, 2005 y 2017).

Dada la importancia de la cuestión, no deja de ser curioso que no esté bien analizada y que no exista información sobre los motivos de las bajas voluntarias o deserciones de las mujeres de las casas de acogida a pesar de ser muy altas. En el caso chileno alcanza casi al 30% (Macuer, Weinstein y Belmar, 2017, p. 50).

En el informe valenciano más reciente no se especifica si las usuarias causan baja por consecución de objetivos o por abandono, pero podría ser igual o superior al caso chileno. Aunque, el informe del Síndic de Greuges (2005), proporciona una información al respecto muy fragmentada, en las memorias de algunas de las casas de acogida en los años 2003-2004 aparece un nivel de abandono del 37,5% (p. 27) y en otras, incluso hasta del 40% (p. 34).

Además, no se conocen los cambios en la situación laboral de las residentes cuando salen de las casas de acogida, tampoco existe información sobre si pueden volver a sus lugares de origen y se desconoce dónde van a vivir (Macuer, Weinstein y Belmar, 2017; Síndic de Greuges, 2017).

En referencia a la calidad, cabe señalar que la gestión de la mayoría de las casas de acogida tanto valencianas como chilenas se realiza a través de entidades públicas (municipalidades), pero, sobre todo, privadas, en la Comunidad Valenciana prácticamente todas (Síndic de Greuges, 2005 y 2017). Así, efectivamente, las organizaciones que gestionan las casas de acogida, en muchos casos, de distintas organizaciones u órdenes religiosas, pueden tener distintas ideologías no siempre acordes con la emancipación de las mujeres (Servicio Nacional de la Mujer, 2009; Moriana, 2022).

Por otra parte, las principales demandas de las usuarias de los centros residenciales chilenos y valencianos son las mismas: trabajo o ayudas económicas y vivienda. Sin embargo, consideran que la ayuda que se les proporciona en las casas de acogida para la búsqueda de empleo y vivienda es insuficiente (Síndic de Greuges, 2005 y 2017; Núcleo de Género Julieta Kirkwood de la Universidad de Chile, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y Banco Mundial, 2020).

En los informes del Síndic de Greuges (2005 y 2017), se recogen los resultados de unas encuestas realizadas a las usuarias de las casas de acogida valencianas. Así, a la pregunta sobre sus necesidades a la salida del centro, ellas responden por este orden: empleo; vivienda; ayudas económicas; resolución de los procesos judiciales; cuidado de las criaturas; seguridad personal y apoyo afectivo. Así mismo, a la pregunta sobre algún aspecto del funcionamiento del recurso alojativo sobre el que quisieran formular alguna observación, sus respuestas siguen este orden: accesibilidad de viviendas; trabajo o apoyo económico; guarderías; formación; justicia más rápida y facilidades para la regularización de la situación administrativa de las migrantes. Siguiendo al Síndic de Greuges (2017, p. 185), “la falta de empleo es percibido por las usuarias como el gran problema a solucionar para salir de este recurso”.

En referencia a las usuarias de las casas de acogida chilenas, la publicación del Núcleo de Género Julieta Kirkwood de la Universidad de Chile, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y Banco Mundial (2020), afirma que cuando la violencia de género se produce en contexto de pareja o expareja, uno de los anhelos de las sobrevivientes es tener autonomía económica, pues lo ven como una forma definitiva para dejar de depender económicamente de los agresores y poder salir del círculo de la violencia. Respecto a las ayudas económicas, las mujeres se refieren a la creación de algún subsidio directo, espacios laborales gestionados por la institucionalidad o apoyo para el emprendimiento y para poder estudiar. Pero, además del trabajo remunerado o ayudas económicas por parte del Estado, las usuarias de las casas de acogida demandan medidas de protección y vivienda. Siguiendo el trabajo del Núcleo de Género Julieta Kirkwood e la Universidad de Chile, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y Banco Mundial (2020), al ser consultadas sobre qué les faltó o qué le pedirían al Estado en materia de acompañamiento y reparación de la violencia, señalan “más apoyo, apoyo laboral y económico para salir adelante e independencia” (p. 53) y “Ayudarme a conseguir mi casa propia, o conseguir trabajo” (p. 53).

Por su parte, las profesionales chilenas y valencianas son conscientes de las dificultades que tienen las usuarias a la salida de las casas de acogida, porque reconocen que la institución no tiene capacidad estructural para resolver los nudos críticos presentes en el ámbito laboral o económico (Síndic de Greuges, 2017). Así, las profesionales afirman que, tratándose de mujeres solas, la mayoría muy dependientes y con menores a cargo, es complicado que puedan conseguir una vida autónoma, dado que los trabajos a los que pueden acceder son precarios y las ayudas económicas temporales (Síndic de Greuges, 2017).

3. MÉTODO: ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE

Para la reflexión sobre las posibles medidas complementarias o alternativas a la institucionalización de las mujeres que sufren violencia en las casas de acogida se han realizado cinco entrevistas a cuatro personas expertas de Chile. Las entrevistas se realizaron en Chile durante los meses de mayo y junio de 2023 [E1: Directora Nacional del SERNAMEG; E2: Coordinadora de una Casa de Acogida; E3: Profesora de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso, que se ocupó de la gestión de la Casa de Acogida de Valparaíso; E4: Director Nacional del SERNAMEG desde 2012 hasta 2018], gracias a la colaboración de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Chile, que además de invitarme a una estancia de investigación me facilitó los contactos, mi más sincero agradecimiento.

Las entrevistas consisten en indagaciones cualitativas que trabajan con muestras seleccionadas intencionalmente, en las que la investigadora elige a las personas que le pueden proporcionar mayor y mejor información acerca del tema. Por ello, en este caso hemos entrevistado a cuatro personas informantes claves chilenas. Se trata de personas que son o han sido responsables políticas o técnicas de las casas de acogida. El hecho de que las cuatro informantes clave sean chilenas tiene que ver con que en Chile las evaluaciones institucionales realizadas y, concretamente, el Informe final de evaluación programa de prevención integral de la violencia contra las mujeres y programa de atención, protección y reparación integral de violencias contra las mujeres (Macuer, Weinstein y Belmar, 2017), plantea la necesidad de diseñar un sistema de protección para mujeres víctimas de violencia que permita contar con mecanismos que no signifiquen que las mujeres que han sufrido violencia tengan que dejar sus espacios cotidianos y sus redes de apoyo, complementando así la acción realizada a través de las casas de acogida, por lo que era de suponer que estaban en mejor disposición respecto a la reflexión sobre el tema.

4. RESULTADOS: REFLEXIONANDO SOBRE LAS ALTERNATIVAS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS MUJERES

A pesar de que todos los recursos sociales que tenemos, antes que ser una realidad han sido una idea, no es fácil plantear alternativas complementarias para proteger y ayudar a las mujeres que sufren violencia que no supongan su institucionalización en las casas de acogida. Por ello, y dado que en las evaluaciones chilenas ya se había plantado la necesidad, era posible que personas con responsabilidad o expertas en el programa las estuviesen pensando, por lo que se las consideró las mejores informadoras clave para este trabajo, como ya se ha señalado. Sin embargo, aunque no todas tenían una alternativa concreta al respecto, todas sus aportaciones han sido útiles para la reflexión, objetivo fundamental del presente trabajo.

En este sentido, las principales cuestiones señaladas por las informantes clave entrevistadas hacen referencia a: i) las dificultades para pensar las alternativas; ii) las políticas públicas para las mujeres deben ser globales y no parcializadas; iii) la necesidad de mirar y analizar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva integral; iv) la necesidad de coordinación de todos los recursos y programas de violencia contra las mujeres; v) la necesaria reflexión crítica respecto a lo que se ha hecho en relación a la protección de las mujeres y lo que se tiene que hacer; vi) la necesidad de medidas cautelares más duras y casas de acogida para los agresores que son los que cometen el delito; vii) que la responsabilidad de la protección de las mujeres recaiga en la fiscalía y de la policía y no en los recursos sociales; viii) que las casas de acogida pueden ser útiles en casos concretos y por un muy breve periodo de tiempo, porque la administración debe proporcionar a las mujeres que lo necesiten viviendas definitivas normalizadas; ix) la alternativa a la institucionalización tiene que ser comunitaria; x) creación de programas para las egresadas y para las que no quieran ingresar a las casas de acogida; xi) implicar a las supervivientes de la violencia en los programas y procesos comunitarios de apoyo y acompañamiento de las mujeres que sufren violencia. Vamos a ver cada una de estas aportaciones.

i) Una de las personas entrevistadas pone de manifiesto que no ha podido pensar una alternativa de apoyo y protección a las mujeres que no suponga que tengan que dejar su contexto, dadas las dificultades y precariedad que rodea el tema:

Yo no tengo claro cómo resolver, cuando no tienes una legislación integral respecto a la violencia de género, ni derechos sociales, cuando se considera como problema social y como problema de las mujeres y en la dimensión de que las mujeres no son consideradas sujetos políticos…, equipos desgastados…, pocos recursos para poder…, condiciones precarias de los equipos, violencia institucional… (E3).

ii) Otras informantes clave plantean que las políticas públicas deben tener en cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres de forma global y no parcializada, lo que posibilitaría conocer mejor sus necesidades y facilitaría plantear mejor y progresivamente las alternativas a la institucionalización:

Las políticas públicas, pero los Estados o por lo menos el chileno ¿cierto? ha tenido una mirada muy parcial de la implementación de las políticas, entonces, vivienda se preocupan de las viviendas, salud de la salud de las personas, el ministerio de la mujer de la mujer, como si las mujeres fueran, no sé, puras, me refiero a puras de que no tienen problemas de trabajo, de vivienda, de salud, de consumo, de… ¿me entiendes? Entonces, yo creo que nosotros deberíamos aspirar, quizás no es un cambio tan inmediato y te lo digo también responsablemente por el gasto presupuestario, por las implicaciones que tiene tomar una decisión tan radical, como decir, se acaban estas casas de acogida y los vamos a transformar en un espacio de transición breve, de breve tiempo, para protegerlas… (E1).

iii) Por otra parte, señalan la necesidad de una mirada de la violencia contra las mujeres de forma global, que incluya la prevención, la protección, la reparación y el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, todo ello necesario para que no tengan la necesidad de las casas de acogida:

Y esto te lo planteo así porque desde mi llegada he tratado de impulsar una mirada integral de todo este proceso ¿ya? Cada una de las instancias que nosotros tenemos para trabajar violencia de género en una línea preventiva y también de atención más reparatoria o proteccional como es el caso. Que las casas de acogida deben estar vinculadas con el fortalecimiento de las otras autonomías, porque de lo contrario son como líneas programáticas que caminan por su propio camino y no contribuyen a esta mirada integral de que si uno comprende que una mujer más fortalecida del punto de vista de su autonomía económica, más fortalecida del punto de vista su participación política y social, de sus derechos sexuales y reproductivos probablemente va a tener menos posibilidades de llegar a esos dispositivos (E1).

iv) Así mismo, destacan la importancia de la coordinación, necesaria para hacer un tránsito progresivo e ir avanzando desde el enfoque de la institucionalización a otros espacios, con personas cuidadoras que apoyen a las mujeres con su descendencia y para que las mujeres que han sufrido violencia puedan acceder a empleos y desarrollar sus proyectos vitales:

Hoy día en Chile también hay una política, una decisión del gobierno bien importante por dar un enfoque ahí, de poner a disposiciones espacios físicos con cuidadores y cuidadoras o reconociendo la labor de cuidadores y cuidadoras de tal manera de poder brindar los apoyos y soporte para que esas mujeres tengan donde dejar a sus hijos, puedan buscar empleo, puedan desarrollar vidas profesionales o como ellas estimen ¿no? Y, por lo tanto, todo ese entramado, toda esa conversación, tiene que ir dándose de forma paralela y muy coordinada para poder ir avanzando a dejar estos dispositivos de institucionalización (E1).

v) Por otra parte, señalan que para el avance y dejar el dispositivo de institucionalización de las mujeres, es necesario una reflexión crítica respecto a lo hecho y a los desafíos y temas urgentes de cambio:

Yo creo que hay dos cosas que nosotras podemos impulsar, uno es tener el espacio de una reflexión crítica respecto a lo que hemos hecho, respecto de lo que hemos hecho bien y respecto de aquellas cosas que son desafíos y urgentes de cambiar (E1).

vi) Por su parte, una de las entrevistadas señala que el equipo de profesionales de la casa de acogida ha hablado del tema y, también, con las mujeres institucionalizadas y creen que la alternativa es que las casas de acogida sean para los agresores:

También ha surgido la idea de que los hombres que son agresores estén en una casa de acogida, pero para hombres y que no sea una casa de acogida sino un lugar en el que ellos puedan cumplir este proceso o donde ellos vivan allí, pero que tengan un proceso de intervención y puedan seguir cumpliendo sus deberes respecto al trabajo o relaciones. Esto nosotras igual lo pensamos y tiene que ver con que está limitado con el presupuesto, porque tener una casa de acogida en Chile el presupuesto es bastante alto y requiere un costo de manutención, y también tiene que ver con derechos humanos, el tema de legislación chilena, no sé, muchas cosas que tienen que analizarse; pero, que tener una intervención con los hombres también es una opción; cuál es el punto que pasa, el presupuesto y la otra la disponibilidad. En Coyaiquí, bueno, en todo Chile existen centros de reeducación para hombres que ejercen violencia y que son derivados por los tribunales o fiscalía; qué pasa, van; pero ellos no reconocen la violencia, entonces qué pasa en este dispositivo, que nosotras pensamos que debería existir, no van a reconocer la violencia, entonces es difícil determinar. Entonces, para que las mujeres no salgan tendríamos que tener diferentes opciones para diferentes perfiles y es super difícil tener tantos recursos para tener tantas alternativas; entonces, uno de los puntos a los que siempre hemos llegado es que existe un déficit de recursos (E2).

vii) Así mismo, las entrevistadas creen que las casas de acogida, como recursos sociales que son, no pueden hacerse cargo de la protección de las mujeres y que ésta corresponde a la fiscalía y a la policía:

¿Cierto? de su vida, que ojo, el servicio tampoco es el responsable de la protección, para eso está fiscalía, policías… entonces nos dejas una responsabilidad que es grave ¿no? (E1).

viii) Pero además, y con una mirada crítica desde el conocimiento de las casas de acogida, señalan que deberían ser lugares donde se acoja a las mujeres de forma muy transitoria para evitar todos los problemas de desubicación de sus contextos sociales y vivir en una institución, señalando la responsabilidad del Estado en ofrecer a las mujeres una solución definitiva en una vivienda normalizada:

Las casas de acogida deberían tener una… una mirada o un enfoque más bien de refugio, quizás esa no es la mejor palabra porque de hecho lo hemos discutido, pero un lugar que las pueda coger de forma transitoria, de forma transitoria te digo 72 horas, no más, porque el Estado es el que se debe hacer cargo no solamente el servicio de la continuidad de la vida de esa mujer y que debería tener una solución definitiva en una casa, en una vivienda, en un arriendo (E1).

ix) La apuesta clara es que la protección, el cuidado y la dotación de herramientas para las mujeres que han sufrido violencia se realice desde el ámbito comunitario, porque si se aísla a las mujeres nadie se preocupa del problema:

Sí, nosotros estamos haciendo ahí una… un ejercicio tal como te decía bien reflexivo respecto a cómo ir haciendo este tránsito progresivo de dejar esta mirada, avanzar en una cuestión más puntual de lo que significa el cuidado de mujeres para que luego ellas puedan, por una parte vincularnos mucho con las otras instituciones del Estado para que puedan brindar los soportes necesarios a esas mujeres a que se incorporen en sus comunidades de forma activa y por otra parte nosotros tenemos centros de la mujer que esperamos que tengan una mirada mucho más comunitaria, de prevención, de soporte y vinculada al tema de los cuidados (E1).

Para ello es necesario un trabajo de implicación real y efectiva de la comunidad:

Es necesario una comunidad implicada para que no tengan que irse ellas. Mucho trabajo con la comunidad no solo desde la mirada de la óptica de la protección (E3).

x) Una de las propuestas que una de las personas entrevistadas ha pensado para las mujeres egresadas y que, posteriormente, también considera para las que no quieran ingresar en las casas de acogida, es un centro de recuperación de larga estancia que no sea la casa de acogida ni los Centros Mujer:

Teniendo en cuenta que los distintos dispositivos de intervención de SERNAM no consideran la reparación de larga data en el ámbito de violencia de pareja, pues buscan desnaturalizar el fenómeno de la violencia y/o entregar protección. Por ello, considero que resulta imprescindible contar con un Dispositivo especializado cuya atención se centre en el largo plazo. Así, propongo la creación de un Dispositivo Reparatorio a largo plazo de corte ambulatorio, cuyo funcionamiento y ubicación sea independiente de los Centros de la Mujer y Casas de Acogida y que se enmarque en de la consigna “reparar con la mujer”, visualizándola como una sujeta activa en su proceso con recursos y donde el paradigma que guía su proceso es preguntarse “¿Qué es lo reparatorio para esta mujer en particular?” (E4).

xi) Finalmente, una de nuestras informantes clave entrevistada también cree que deberían ser las supervivientes de la violencia de género las que trabajen o colaboren en estos proyectos de recuperación comunitarios de larga estancia:

Deberían ser las mujeres supervivientes de la violencia de género las que trabajen o profesional o voluntariamente en los centros (E4).

5. DISCUSIÓN, REFLEXIONES FINALES A MODO DE CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Como señalan nuestras informantes, es necesario que las políticas públicas sean más globales para atender las necesidades de las mujeres en su conjunto; así como, comprender la violencia contra las mujeres de una forma integral que permita ver su relación con la estructura social de desigualdad entre los hombres y las mujeres. En este sentido, es absolutamente imprescindible para que las mujeres puedan escapar de la violencia que sean autónomas emocional y económicamente. Como dice Gengler (2012), si no se plantean retos profundos en las estructuras de desigualdad, más allá de las casas de acogida, es probable que los dilemas tanto de las profesionales como de las usuarias se reproduzcan sin cesar y la situación de las mujeres vulnerables en las casas de acogida y en el contexto más amplio de sus hogares, lugares de trabajo y comunidad no cambie.

Efectivamente, como señalan las expertas entrevistadas es necesario una importante reflexión de lo que se ha hecho y de lo que se tiene que hacer. Por ello, se tienen que plantear cuestiones teóricas que conectan la perspectiva de género y la intervención social (Alcázar, 2012) y, más concretamente, en relación con si los recursos sociales específicos para mujeres reproducen o subvierten los mandatos de género, ya que las casas de acogida podrían ser un instrumento útil al poder patriarcal y responder a las necesidades del sistema sexo-género y no a los intereses de las mujeres (Moriana, 2022). Esta cuestión ha sido investigada en el trabajo chileno de Marchant y Soto (2011) y en el de la Comunidad de Madrid (España) de Lucas, Hurtado, Paz (2022), donde se pone manifiesto que las casas de acogida no contribuyen al empoderamiento y autonomía de las mujeres.

En este sentido, una de las propuestas de nuestras entrevistadas es que las casas de acogida sean para los agresores, que son los que han cometido el delito y merecen la penalización. Esta cuestión ya ha sido planteada en la literatura especializada en el tema en el contexto español, específicamente, en el estudio sobre casas de acogida de Madrid (Blanco, 2008) y no es ninguna cuestión anecdótica. Efectivamente, como señala Blanco (2008, p. 95), “el tratamiento debe aplicarse al delincuente y no a la víctima”. De hecho, un educador social profesional de una casa de acogida catalana, en su trabajo de fin de máster, dice que “cree obligatorio impulsar que las casas de acogida trabajen con los hombres agresores sin dilaciones y considera necesario un cambio de paradigma, poniendo el foco en la violencia ejercida y no en la vivida”, (Dorado, 2017, p. 46).

Por su parte y otra de las cuestiones que señalan nuestras entrevistadas y que requiere de una buena reflexión es que la obligación de la protección de las mujeres la tiene la fiscalía y la policía y no tanto los recursos sociales o las casas de acogida. Que la responsabilidad de la protección de las mujeres que sufren violencia la tengan que asumir los servicios sociales evidencia el fallo del sistema judicial y de la seguridad pública, que obliga a las mujeres que sufren violencia al aislamiento y a la separación de su propio entorno, hecho que las revictimiza a ellas, que ya están pasando por una situación difícil. Esta cuestión ya ha sido puesta de manifiesto en distintos trabajos españoles sobre las casas de acogida de Madrid (Blanco, 2008), latinoamericanas, especialmente, peruanas (Verboom, 2014), argentinas (Hasanbegovic, 2019) y costarricenses (Rivel, 2018).

Por otra parte, nuestras informantes clave creen que las casas de acogida pueden seguir siendo útiles en casos muy concretos y por muy corto espacio de tiempo. Para así ir pensando en cómo dar, progresivamente, un paso adelante y cuidar a las mujeres que han sufrido violencia en el ámbito comunitario. Como señalan nuestras informantes, es necesario un programa comunitario donde exista una colaboración y coordinación entre la sociedad y los servicios y recursos institucionales. Este tema ya se ha planteado desde Ecuador (Nivicela-Cédillo, et al., 2023) y desde el Estado español, concretamente, desde Gran Canaria (Sánchez Rodríguez, 2007) y Andalucía (de Piñar, 2022), que han afirmado que cuando el recurso social es abierto a la sociedad, la red de apoyo es mayor y más amplia, se ensanchan las personas implicadas y sensibilizadas con esta problemática o lacra social y se da una ética general de la justicia y de que la universalidad de la problemática concierne a toda la población. Tanto desde Latinoamérica, como desde España se señala la necesidad de no prescindir de la comunidad ni del entorno más cercano para evitar el aislamiento personal y conseguir mantener las redes de apoyo de las mujeres que han sufrido violencia (Sánchez Rodríguez, 2007; de Piñar, 2022; Nivicela-Cédillo, et al., 2023).

En este sentido, Dorado (2017), expresa que hace años que las personas profesionales de las casas de acogida repiten, cada cierto tiempo y de manera continuada, que este tipo de servicios desaparecerá, pero, de momento, no ha sido así. Así mismo, Sánchez Rodríguez (2007), señala que las políticas sociales en este campo deben superar la etapa de prestaciones básicas temporales y priorizar el desarrollo personal y comunitario de las mujeres.

Al igual que para nuestras personas entrevistadas, el trabajo mexicano de Buendía (2018, p.135) apunta la necesidad de generar mecanismos de apoyo a las mujeres que egresan del albergue para que puedan continuar el proceso de recuperar su autonomía. Pero, además, el trabajo costarricense de Rivel (2018), considera que la solución es la creación de un programa de acompañamiento posterior a su egreso tanto para las mujeres institucionalizadas en las casas de acogida, como para las que no lo han requerido o deseado, apoyando la autonomía. Se trata, como dice Dorado (2017, p. 46), “de que las mujeres puedan elegir entre entrar en una casa de acogida o acogerse a otra medida y para ello deben cambiar las apuestas de las administraciones públicas”.

Así, y como señalan las personas expertas profesionales chilenas, teniendo en cuenta que los distintos dispositivos de intervención no consideran la reparación de larga data en el ámbito de violencia en las relaciones de pareja, resulta imprescindible contar con una oferta pública que asegure dicha acción, por lo que proponen la creación de un Dispositivo Reparatorio a largo plazo de corte ambulatorio, cuyo funcionamiento y ubicación sea independiente de los Centros de la Mujer y Casas de Acogida dada la necesidad del procesos de apoyo de las mujeres (Marchant y Soto, 2011; Marchant, 2014). Finalmente, estás personas autoras señalan que dicho enfoque se enmarca dentro de la consigna “reparar con la mujer”, visualizándolas como personas activas en su proceso y con recursos, donde el paradigma que guie los procesos sea preguntarse qué es lo reparatorio para esta mujer en particular.

Por todo lo señalado y para que las personas actoras de las administraciones públicas puedan reflexionar sobre las alternativas de apoyo y acompañamiento institucional que tengan en cuenta el bienestar de las mujeres vamos a exponen la idea de un posible programa de acompañamiento de ámbito comunitario:

Acompañamiento de las mujeres en el proceso de salir de la violencia sin salir de casa

Objetivo general:

· Acompañar a las mujeres que han sufrido violencia en el proceso desde la dependencia hasta la autonomía sin imponer recursos ni límites temporales.

Objetivos específicos:

· Concienciar a la comunidad de la necesidad de denuncia, solidaridad y apoyo a las mujeres que sufren violencia.

· Apoyar a las mujeres en el logro y consecución de vivienda normalizada, formación y empleo o ayudas económicas.

· Apoyar a las mujeres en el cuidado de su descendencia para que puedan tener un empleo y un salario que les permita ser autónomas económicamente.

· Exigir a la policía que cumpla su obligación respecto a la protección de las mujeres.

En definitiva, el objetivo de este trabajo es seguir pensando, reflexionando e iniciar los procesos de implementación de programas de apoyo comunitarios para las mujeres que sufren violencia que no las obliguen a salir de su entorno. Para Sagot (2000), una ruta crítica exitosa es un proceso de fortalecimiento de las mujeres y de apropiación de sus condiciones de vida, en el que las instituciones deben funcionar como instrumentos de apoyo, facilitación y garantía de sus derechos.

Para finalizar, vamos a presentar un decálogo de recomendaciones para las personas actoras sociales implicadas en las políticas públicas y en la intervención en la ruta crítica, con el objetivo de que contribuya a la reflexión y elaboración de un modelo de prevención y acompañamiento de las mujeres vulnerables que han sufrido violencia en sus procesos desde la dependencia hasta la autonomía desde el ámbito comunitario, teniendo en cuenta sus necesidades y su bienestar.

Decálogo de recomendaciones para la intervención:

1. Implicar y exigir a la policía que cumpla con su obligación de proteger a las mujeres que sufren violencia en sus entornos y si tiene que salir alguien de éste que sea el maltratador.

2. Sensibilizar e implicar de la comunidad en el rechazo a la violencia contra las mujeres y el rechazo a los agresores.

3. Utilizar las casas de acogida en los casos estrictamente necesarios y por muy breve espacio de tiempo.

4. Implicar a la comunidad en la necesidad del cuidado, solidaridad y creación de redes de apoyo con las mujeres que han sufrido violencia.

5. Implementar programas de acceso a viviendas normalizadas.

6. Apoyo a las mujeres a nivel económico, formativo y laboral.

7. Apoyo a las mujeres en el cuidado de su descendencia mediante distintos recursos públicos y privados (guarderías y colegios, centros de día, ludotecas) con horarios amplios para que ellas puedan acceder y mantener un empleo y ser autónomas económicamente.

8. Entender que las mujeres que sufren violencia son sujetos de derecho y las principales protagonistas de sus procesos.

9. Implementar un programa comunitario de acompañamiento desde la dependencia hasta la autonomía sin límite de tiempo con profesionales, mujeres supervivientes de la violencia y voluntariado.

10. Sensibilizar y formar en las causas estructurales de violencia contra las mujeres a todas las personas implicadas en el proceso de acompañamiento o ruta crítica.

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6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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