1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo se ha convertido en el objetivo de numerosas organizaciones internacionales y Estados nacionales, así como en la aspiración de muchas poblaciones. La idea de lograr el desarrollo ha pasado a integrar las políticas y las mentalidades de manera generalizada, aún sin que haya un acuerdo en torno a la propia concepción del desarrollo. La noción más común del desarrollo sigue apelando al crecimiento económico y la modernización de las estructuras sociales, aunque se ha visto cada vez más cuestionada por los requerimientos de un desarrollo humano centrado en el bienestar de las personas de un modo más amplio (Slim, 1995).

En las últimas décadas el desarrollo ha sido sometido a importantes discusiones y se han generado intensos debates en torno al mismo, tanto en el ámbito político como en el ámbito de los técnicos y los académicos (Escobar, 2014; Rist, 2002). Estos debates han cristalizado en el manejo de diferentes aproximaciones por parte de los actores implicados en el campo del desarrollo, de modo que las divergencias se han hecho explícitas incluso en el seno de la implementación de los propios programas de desarrollo (Engberg-Pedersen, 1997).

De esta manera, más allá de las discusiones teóricas, las prácticas de desarrollo se han convertido en una arena de tensión en la que los políticos, los gestores, los expertos, los investigadores y, sobre todo, la población local, se enfrentan a una nebulosa de nociones y expectativas en torno al desarrollo. Este tipo de tensiones se hacen todavía más evidentes cuando descendemos al terreno más micro y localizado.

El caso que presentamos y analizamos en este artículo constituye un claro ejemplo de las contradicciones, tensiones y conflictos que comportan los intentos de lograr el desarrollo. La pequeña localidad marroquí de Imilchil muestra las dificultades que acompañan a la aspiración por alcanzar el desarrollo, desde la propia incorporación de la idea en el seno de la comunidad, a la diversidad de expectativas que ésta genera, pasando por los conflictos en torno a la gestión de los proyectos y aprovechamiento de sus potenciales beneficios.

A partir del contacto continuado con la comunidad (alternando visitas con períodos de trabajo de campo intensivo, así como contactos a distancia en los últimos años) hemos podido ver la evolución de un proceso considerado de desarrollo en medio de todo tipo de cambios económicos y sociales. De modo que, pese a las transformaciones operadas, prácticamente veinte años después de nuestra primera observación de la localidad, la población –y nosotros mismos– sigue preguntándose cuándo llegará realmente el desarrollo.

2. METODOLOGÍA

La investigación en la que se fundamenta este artículo tiene un carácter eminentemente etnográfico. El trabajo de campo desarrollado en diferentes períodos entre los años 2002 y 2018 se basó en la observación participante y la realización de entrevistas abiertas con diferentes actores (población local, miembros de organizaciones y responsables políticos y administrativos). La principal estrategia empleada fue la inmersión en la vida de la comunidad, participando de sus dinámicas cotidianas, así como de acontecimientos de carácter más extraordinario (asambleas, fiestas, rituales…). Las observaciones fruto de la observación participante fueron registradas en un diario y el conjunto del material de campo fue analizado posteriormente en el exterior del contexto de su obtención.

El acceso a los espacios y los momentos de la vida comunitaria se enfrentó inicialmente a la desconfianza de parte de la propia población y, sobre todo, de las autoridades locales. Para superar dichas barreras se prolongó nuestra presencia con el fin de ganar la confianza y poner en evidencia nuestra intencionalidad meramente científica. La reiteración de las estancias en la comunidad nos permitió afianzar la aceptación de la población y conocer de modo evolutivo los cambios que venían operándose entre la misma. El resultado de este proceso se muestra a continuación y desvela un panorama de desafiante complejidad para las ciencias sociales y sus intentos de comprender el desarrollo.

3.IMILCHIL: UNA PEQUEÑA COMUNIDAD ENCLAVADA EN LAS MONTAÑAS

Nuestro primer contacto con la localidad marroquí de Imilchil, situada en una zona del Alto Atlas Oriental perteneciente a la provincia de Errachidia, tuvo lugar el año 2002, durante un viaje por diferentes regiones de Marruecos en el que intentábamos conocer sobre el terreno los proyectos de desarrollo desplegados por las Organizaciones No Gubernamentales nacionales y extranjeras. Después de haber sido informados en Rabat de la existencia de una ONG que trabajaba por el desarrollo de una región de montaña muy aislada en el centro de Marruecos, decidimos desplazarnos hasta allí para conocer in situ el trabajo de la asociación ADRAR [La palabra Adrar significa montaña en lengua bereber].

Tras más de tres horas de viaje por una pista de montaña, en un transporte colectivo tomado en la localidad de Rich (a cuatrocientos kilómetros de Rabat), llegamos en medio de la noche a Imilchil. La electricidad todavía era inexistente en buena parte de la región y las calles permanecían totalmente a oscuras, alumbradas solo por el débil reflejo de la luz de gas que salía de alguna de las casas. Tras pasar la primera noche en la sencilla vivienda de adobe de una familia, a la mañana siguiente tuvimos la primera visión completa del lugar. Estábamos en un pueblo muy distinto a lo que conocíamos del resto de Marruecos. Se trataba de un pueblo rodeado de montañas nevadas, con escasas construcciones, calles sin asfaltar, sin coches y con gentes que vestían y hablaban de modo diferente. Apenas había alguna pequeña tienda y algún pequeño café en la carretera que hacía de calle principal, donde más allá de la Coca-Cola y el té era difícil encontrar muchas más cosas.

La primera sensación era la de habernos trasladado varias décadas atrás, a un lugar que parecía funcionar al margen de su propio país, pero esta sensación no dejaba de ser también engañosa. En aquellos primeros días en que permanecimos en Imilchil (cerca de una semana) tomamos contacto con la realidad local y recogimos algunos indicios de la incidencia que la acción reciente de algunas ONG, la actividad turística existente desde hacía tiempo, así como una incipiente emigración internacional, habían adquirido en un contexto donde la población trataba de vivir con notables dificultades.

Como hemos avanzado, en 2002 resultaba complicado llegar hasta allí, dada la escasez de medios de transporte y las condiciones de las dos únicas carreteras de montaña que conectaban a Imilchil con el resto de Marruecos (una de ellas era una pista no totalmente trazada y sin asfaltar, y la otra una estrecha línea de asfalto con graves problemas de mantenimiento). El suministro eléctrico todavía no había llegado a la población, que en algunas viviendas se alimentaba de un grupo electrógeno alimentado por gasoil (este venía funcionando de modo intermitente y con un horario limitado a entre las seis y las diez de la noche). El agua no llegaba a todas las viviendas y la que se consideraba como potable lo hacía tras haber sido canalizada desde un depósito comunal sin demasiado control sobre la calidad del agua. En aquel momento tampoco existía cobertura de telefonía móvil ni la posibilidad de conexión a internet. La única forma de mantener una comunicación con el exterior era emplear alguno de los escasos teléfonos públicos que funcionaban mediante baterías cargadas con placas solares, algo que no siempre era posible, dadas las frecuentes inclemencias metereológicas y averías técnicas. Sin embargo, la localidad contaba con unos pocos alojamientos turísticos muy modestos que permitían llegadas desde otras regiones de Marruecos y, sobre todo, desde otros países. En cambio, las salidas parecían ser muy limitadas, solo con emigrantes temporales en otras localidades cercanas y con casos muy aislados de emigración internacional.

El siguiente año, 2003, regresamos por tres meses con la intención de realizar un trabajo de campo intensivo que nos permitiese entender en mejor medida las dinámicas de desarrollo local. Durante la estancia buscamos el mayor grado de inmersión en la comunidad, conviviendo con una de las familias y tomando contacto con todos los actores posibles. La observación participante se convirtió en la principal estrategia de investigación que, frecuentemente, pasaba por el hecho de estar allí donde estaba la gente.

En esos tres meses de permanencia ininterrumpida sobre el terreno comenzamos a entender el peso que jugaba en la comunidad su identidad étnica, y cómo su aislamiento había permitido el mantenimiento de la misma, pero con un alto coste en cuanto a las duras condiciones en que vivía la población. [Como resultado de esta primera estancia publicamos un primer artículo centrados sobre todo en la incidencia del turismo y la migración sobre el desarrollo local (Lacomba y Berlanga, 2006)].

La estancia, desarrollada entre los meses de febrero y abril coincidió con una buena parte del invierno en el que la nieve dificultada notablemente la vida de los habitantes, dejándolos aislados durante semanas por las carreteras y, en frecuentes ocasiones, sin el suministro eléctrico del grupo electrógeno. La mayoría de las casas de adobe solo podían ser calentadas por la escasa leña obtenida por las mujeres en las prácticamente desertizadas montañas de los alrededores.

Pese a las duras condiciones de vida que compartimos con la población local, en septiembre de ese mismo año decidimos regresar a Imilchil para asistir a un acontecimiento excepcional para la comunidad: la celebración del moussem o feria anual del santo local que se convierte en un momento de peregrinaje y asistencia de miles de personas de las regiones vecinas. Este acontecimiento festivo tiene con centro un gran mercado (zoco) en el que se intercambian todo tipo de mercancías (sobre todo ganado) e, incluso, se aprovecha para acordar y formalizar compromisos matrimoniales entre los miembros de la comunidad. El moussem constituye un importante elemento de reafirmación identitaria, pero también actúa como reclamo turístico para turistas nacionales e internacionales e, incluso, para algunos de los emigrantes que retornan justo en estas fechas para visitar a sus familias y participar de la animación de esos días o realizar pequeños negocios.

Tras esa primera estancia y la posterior asistencia al moussem, pensábamos que habíamos dado por cerrado un capítulo en la investigación de la zona, pero la recepción de noticias esporádicas a través de alguna llamada telefónica nos llevó a plantearnos un retorno que no habíamos previsto. Así, en los años 2009 y 2010 regresamos de nuevo a Imilchil, en ambos casos por períodos de quince días. El objetivo inicial era revisitar a las familias con las que habíamos convivido, pero los cambios que observamos desde la llegada nos impulsaban también a retomar la investigación en el punto en el que la habíamos dejado en 2003. Por ejemplo, ahora era un poco más fácil llegar hasta allí por una carretera que había sido mejorada, la electricidad llegaba de modo estable a las casas a través de la conexión a la red nacional, el uso de la telefonía móvil se había extendido entre la población y era posible conectarse a internet, aunque fuese de modo precario. Al mismo tiempo, había nuevas ONG trabajando sobre el terreno, el número de alojamientos turísticos se había incrementado y se hablaba de emigrantes en Europa en mucha mayor medida que durante nuestra primera estancia (si en 2003 apenas eran una decena los emigrantes de los que se tenía noticia, en 2010 ya se hablaba de cerca de un centenar).

Con posterioridad a 2010 dejamos de visitar la zona hasta ocho años después, aunque seguíamos recibiendo noticias esporádicas a través de correos electrónicos y alguna llamada telefónica. En 2018 una nueva visita de una semana nos permitió retomar el contacto con una realidad que, en esencia, parecía no haber variado sustancialmente, pero donde podían observarse algunos cambios. Quizás uno de los más visibles era la transformación del paisaje de Imilchil, ahora con un aspecto más urbano. Se apreciaba sobre todo un mayor grado de urbanización del espacio en cuanto a la construcción de nuevas viviendas en zonas antes deshabitadas, así como el empleo de bloques y cemento en su edificación; pero también se constataba la construcción de nuevos equipamientos e infraestructuras públicas como la plaza donde antes se ubicaba el mercado de ganado, la nueva mezquita en sustitución del antiguo edificio religioso, el reacondicionamiento del hospital y del internado destinado a los alumnos del instituto, o la habilitación de canchas deportivas y la construcción de aceras en la avenida principal y al instalación de alumbrado público.

A esta imagen más urbana también contribuían el incremento del volumen edificado de muchos de los negocios turísticos, en su mayoría transformados y ampliados en el número de plantas y de habitaciones, así como de los negocios promovidos por los emigrantes (por ejemplo, la gasolinera financiada por un emigrante años atrás se había convertido en un complejo que contaba ahora con un café, un restaurante, un hotel e, incluso, una pequeña mezquita). Asimismo, la administración local había procedido a flexibilizar las restricciones respecto al uso de los terrenos en torno al lago cercano (uno de los principales atractivos naturales de la región), permitiendo la instalación de jaimas (tiendas tradicionales de los nómadas) para el alojamiento turístico.

La dependencia significativa del turismo y de la emigración se había incrementado considerablemente a lo largo de estos años, pero, paradójicamente, lo había hecho sin que ninguno de los dos tipos de movilidades hubiese aumentado de modo especialmente notable. Esta dependencia se hacía todavía más patente como consecuencia de la disminución de actividades económicas tradicionales como la ganadería, de modo que eran mucho menos visibles los rebaños de corderos que años antes era fácil ver pastando en los alrededores de la localidad. Y, de hecho, algunos de los nuevos propietarios de pequeños negocios turísticos eran antiguos pastores que habían acabado abandonando su oficio.

Tanto el turismo como la emigración se habían integrado como parte de las estrategias familiares de supervivencia, pero también actuaban en realidad como estrategias de adaptación y resiliencia frente a los crecientes efectos del cambio climático (Gemne y Blocher, 2017). La población hablaba de la escasez de nieve en los últimos inviernos y de un clima cada vez más seco y más árido, con consecuencias importantes para la actividad agrícola y ganadera.

Al mismo tiempo, se podía constatar la salida de jóvenes –sobre todo, por primera vez, mujeres– para continuar sus estudios universitarios en las ciudades, en especial en aquellas familias con recursos implicadas en el negocio turístico. Igualmente, se hablaba de mujeres que habrían emigrado a la ciudad tras casarse con funcionarios de otras regiones que prestaron servicios temporalmente en la localidad. Todo ello suponía una pequeña revolución en los roles tradicionales de género asignados en la comunidad a la mujer.

Con posterioridad a esta última visita de 2018 hemos mantenido distintos contactos vía conversaciones y envío de videos a través de whatsapp hasta el día de hoy, de modo que las últimas comunicaciones nos hablan de la caída del turismo, tanto nacional como internacional, como resultado de la pandemia de Covid-19. Con la práctica desaparición del turismo se ha detectado un aumento de la presión emigratoria aprovechando las redes que la comunidad ya tiene en el exterior, aunque el cierre de las fronteras dificulta también esta posibilidad. En nuestras últimas conversaciones telefónicas los interlocutores locales apelaban a la capacidad de resistencia de los bereberes de las montañas, pero la fuerza moral no es inmune a las dificultades materiales.

4. EL CONFLICTO COMO ESCENARIO DEL DESARROLLO

Pese a las transformaciones relatadas en el apartado anterior, el significado de los cambios operados en Imilchil no puede acabar de entenderse sin hacer referencia al contexto político en que éstos se han venido produciendo. En este sentido, buena parte de la historia de Imilchil está teñida del conflicto con el poder central, en primer lugar, con la autoridad colonial y, tras la independencia, con el nuevo Estado dominado por la élite árabe. De hecho, la región de Imilchil –con una población bereber que desconfía de las autoridades árabes- se convertirá en los años setenta en refugio de la oposición de las fuerzas de izquierda que se levantan en armas contra el gobierno, dando lugar a una intensa represión (reconocida oficialmente hace poco tiempo por la Instancia Equidad y Reconciliación). El episodio más conocido de este período es la represión desencadenada tras el intento de golpe de Estado de 1973 y la organización de grupos de resistencia armada en la zona de Imilchil, hechos que abrirán las puertas a un largo período de castigo mediante el abandono de la región por parte del Estado, condenada a un fuerte aislamiento y desatención (Bennouna, 2002).

Como consecuencia, las siguientes tres décadas van a convertirse en una larga travesía del desierto, con una práctica ausencia del Estado en la región salvo en sus estructuras de control militar. Solo a partir de los noventa comienzan a producirse algunos tímidos signos de cambio con la presencia creciente de organizaciones que tratan de sacar a la zona de su notable subdesarrollo. En primer lugar, con la llegada de organizaciones extranjeras como la española Intermón y la francesa Comité Catholique contre la Faim et pour le Devéloppement, que promoverán la creación de contrapartes locales como la asociación marroquí ADRAR, fundada en 1991, así como la aparición, en 1999, de la asociación franco-marroquí ATLAS, impulsada por una investigadora y cooperante francesa que inicialmente había colaborado con ADRAR. Estas primeras iniciativas asociativas comparten el hecho de haber sido impulsadas desde el exterior de la comunidad (incluso la asociación ADRAR es presidida en su origen por un titulado superior nacido en la región, pero que reside en la capital del país y no tiene vínculos familiares con la localidad de Imilchil). En estos primeros años de actividad asociativa las relaciones de las organizaciones de desarrollo con las autoridades de la administración local no van a ser fáciles, estando marcadas por la desconfianza y la falta de apoyo oficial.

A partir de la experiencia de estas organizaciones pioneras, en el año 2000 se crea la primera asociación a iniciativa propia de la población de la localidad de Imilchil y de la vecina Agoudal, reagrupando sobre todo a jóvenes licenciados en paro decididos a trabajar por la mejora de las condiciones de vida. La asociación Akhiem representa a una nueva generación de jóvenes formados en la escuela e instituto locales y que luego han continuado sus estudios en las universidades de la ciudad, para regresar a la zona de origen sin una perspectiva de empleo. De modo que la formación y la conciencia adquirida en el exterior les espolean para tomar la responsabilidad de promover el desarrollo de su comunidad.

A partir de entonces, y siguiendo la estela de Akhiem, surgen otras pequeñas asociaciones locales que, en muchos casos, van a desaparecer al poco tiempo o tienen una reducida capacidad de acción (caso, por ejemplo, de la Asociación de Jóvenes por el Empleo y el Deporte). No obstante, estas primeras iniciativas protagonizadas por la población local van a encontrarse con una mayor conflictividad que las anteriores organizaciones externas en su relación con las autoridades que representan al Estado en la zona.

Una manifestación ocurrida en marzo de 2003, de cuya organización se acusa a los miembros de estas nuevas asociaciones, va a convertirse en el desencadenante de muchos de los acontecimientos que se vivirán en años posteriores. La movilización de la población local en demanda de mejoras en los servicios básicos (suministro de electricidad y atención sanitaria) es reprimida violentamente por la gendarmería y varios de los manifestantes son encarcelados (Smith, 2003). Sin embargo, a partir de entonces también se multiplican los gestos y las iniciativas gubernamentales para lograr retomar el control de la situación. De modo que, por ejemplo, ese mismo año, a finales del mes de agosto, el tradicional moussem se vio precedido de la celebración del festival de música de las cumbres, una nueva iniciativa oficial dirigida a atraer el turismo nacional e internacional, pero considerada también por algunos como una forma de debilitar el carácter reivindicativo de la fiesta tradicional que reúne a los grupos bereberes de diferentes regiones de Marruecos.

No obstante, va a ser sobre todo la puesta en marcha en 2005 de la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano para Marruecos la que suponga el punto de partida de la implicación definitiva del Estado en la región. El gran programa de desarrollo que impulsa el Estado marroquí en el conjunto del país va a comenzar a hacer visible en Imilchil a partir de 2006, con la mejora de las instalaciones del hospital de Imilchil y la dotación de una ambulancia permanente (una larga reivindicación de la población local). Además, en 2007 Imilchil es conectado a la red eléctrica nacional y en 2008 se termina el acondicionamiento de la pista asfaltada que conecta a Imilchil con la localidad de El Ksiba situada a más de 150 kilómetros de distancia (un proyecto siempre aplazado), facilitando así la conexión con las ciudades de Rabat y Casablanca.

Toda esta serie de iniciativas desembocarán en el año 2009 en la visita a Imilchil del rey de Marruecos Mohamed VI (la primera en su historia) para reivindicar la presencia del Estado en la región y declarar oficialmente la implicación de este en el desarrollo de la región, pero exigir también la adhesión de la población de la comunidad al poder central.

A partir de la visita real se multiplicarán los proyectos de dotación de nuevos equipamientos y los proyectos de desarrollo (creación de cooperativas o provisión de microcréditos), tanto bajo la cobertura de la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano, la Agencia de Desarrollo Social de la provincia de Errachidia, diferentes ministerios como el de Aguas y Bosques, o el de Agricultura, como de ONG financiadas con fondos oficiales (como la propia ADRAR o Akhiem).

De modo que los conflictos políticos de antaño han dado paso en la actualidad a los conflictos institucionales y entre organizaciones. La conflictividad política se ha ido reduciendo (no ha habido nuevas explosiones sociales como la de 2003) y ahora predominan los conflictos en torno a la gestión de los recursos (recursos naturales como los pastos para el ganado o los mismos recursos turísticos), o bien se han trasladado a la competencia entre las asociaciones por la captación de proyectos. También han surgido nuevos conflictos a partir de la creación en 2004 del Parque Nacional del Alto Atlas Oriental, limítrofe con la localidad de Imichil, que ha generado tensiones entre quienes se benefician de la actividad turística y quienes siguen vinculados a la economía tradicional y ven en el Parque Nacional y en la protección del medio una limitación a su actividad (Goeury, 2014b). Aunque perviven conflictos políticos alrededor de las candidaturas a las elecciones locales, disputas relacionadas con la representación de la sociedad civil en las nuevas instituciones de desarrollo (la creación de un comité de desarrollo local), o las tensiones derivadas de la cooptación de los líderes asociativos por la administración del Estado (Goeury, 2014a).

5. ESPERANDO EL DESARROLLO

Las múltiples iniciativas desplegadas a lo largo de estos últimos veinte años, primero por las ONG y después por el Estado, han traído a la comunidad la expectativa del desarrollo. Desde las instancias oficiales, e incluso desde las propias ONG, se ha venido identificado el desarrollo con el logro de ciertas mejoras materiales y sociales, y para ello se han puesto en marcha toda una serie de proyectos.

Si al principio fueron las ONG las que promovieron acciones orientadas al desarrollo local, con el tiempo el Estado y la administración local se han visto crecientemente implicados en esa dinámica, en ocasiones en competencia con las propias ONG. Una de las primeras ONG en trabajar por el desarrollo fue una organización española (Intermón) que construyó en el año 2000 el internado escolar y, poco después, la ONG regional Adrar asumió la gestión del mismo y de un jardín de infancia. La misma organización Adrar también impulsó la introducción de árboles frutales como manzanos, tanto para el autoconsumo como para la extracción y comercialización de su jugo. A lo largo de estos años ha habido otras ONG externas que han implementado sus proyectos en la localidad, como la línea de microcréditos promovida por la ONG marrouqí Sakoura o el proyecto de lucha contra la desertización de la ONG francesa Hydraulique Sans Frontière Méditerranée; pero, en los últimos años, ha sido la ONG local Akhiem la que ha adquirido el principal protagonismo local, con un importante número de proyectos que abarcan la formación de jóvenes, la alfabetización de las mujeres o la creación de cooperativas para el empleo de las mismas, como muestra el trabajo de Benidir (2015). En paralelo, diferentes organismos estatales han venido apoyando un número creciente de acciones, desde una primera granja avícola impulsada por la Fundación Mohamed V en 2002, hasta la mejora de las infraestructuras y dotaciones de salud a cargo de la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano (equipamiento del hospital y dotación de vehículos para el traslado de enfermos) y, más recientemente, la construcción de una unidad de maternidad y de instalaciones deportivas y educativas.

La proliferación de todas es iniciativas ha sido vinculada directamente con el desarrollo, y durante este tiempo el desarrollo también se ha convertido en parte del lenguaje de la población, una palabra ajena hasta hace poco al vocabulario local. Ahora todos esperan que el desarrollo sea el punto de llegada a un estadio de bienestar impreciso.

Si atendemos a la evolución de los diferentes indicadores sociales y económicos entre 2004 y 2014 –fechas de los censos más cercanos a la primera y la última estancia [los censos de Marruecos se elaboran cada diez años, de modo que el próximo no estará disponible hasta el año 2024]–, los datos muestran un claro proceso de mejora en el acceso a los servicios básicos (la electricidad y el agua potable llegarían ahora a una buena parte de la población local) y en otro tipo de servicios (las pistas asfaltadas, el acceso a la televisión, la telefonía móvil o internet), así como sobre todo en términos educativos (con una significativa reducción del analfabetismo e incremento de la escolarización entre las mujeres; aunque tanto el analfabetismo de las mujeres como la desescolarización siguen siendo superiores al de los hombres), [en 2014 el analfabetismo de las mujeres era 21 puntos superior al de los hombres y la escolarización de ellas era 7 puntos inferior a la de ellos]. En cambio, la pobreza se habría incrementado sensiblemente durante ese mismo período, con una pobreza monetaria y una tasa de vulnerabilidad que afectaría a casi un tercio de la población. De hecho, en 2014 Imilchil seguía siendo una de las comunas más pobres de Marruecos, situándose, de entre un total de 1279 comunas rurales, en el grupo de las 37 comunas con una tasa de pobreza mayor, superior en todas ellas al 30% de su población (HCP, 2014).

De una lectura simple de estos datos podríamos deducir que se han producido importantes avances en el desarrollo de la comunidad; pero, sin negar los avances, el contexto de la discusión en torno al desarrollo alcanza una mayor complejidad. Más allá de los indicadores, el desarrollo tiene también una importante dimensión subjetiva y cualitativa que queda al margen de las posibles mediciones.

Pese a que el programa de desarrollo impulsado por el Estado ha traído mejoras educativas y en los servicios, y ha dibujado un paisaje similar al de otras localidades del país (la ordenación y la reurbanización del espacio para convertir a Imilchil en un pequeño centro administrativo y de servicios), esta mimetización en curso con un claro efecto uniformizador no impide que la población se siga sintiendo alejada del modelo de desarrollo estatal. El principal punto débil del proceso de desarrollo no es sólo la precariedad económica todavía existente, sino sobre todo el sentimiento de desvalorización política y cultural que experimenta la población local. La percepción por parte de la población de que los cambios materiales no han considerado la participación ni la propia identidad sigue teniendo un peso significativo.

Tanto los gestores de la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano, como los propios responsables asociativos, centran su discurso en torno a la necesidad de “traer el desarrollo”, más que de “desarrollarse” a partir del fortalecimiento de las capacidades de la comunidad. Este planteamiento ha permeado también entre la propia población, que espera la llegada del desarrollo, aunque desconfíe en buen grado de aquellos que lo han de traer (sobre todo se desconfía del Estado y la administración local, pero también de los líderes asociativos y sus intereses espúreos), de modo que la tradicional desconfianza que ha enfrentado a la comunidad con las iniciativas llegadas del exterior sigue lastrando el impacto de los cambios materiales.

En el libro Migration, immobility and development, Hammar y Tamas sostienen que los procesos de desarrollo incluyen un cambio en el bienestar general, e incorporan nuevas condiciones sociales, económicas y políticas en el tiempo y en el espacio. El desarrollo, escriben los dos autores, también incluye la distribución del bienestar, y los cambios que se producen se valoran subjetivamente por cada individuo o cada comunidad. El desarrollo tiene pues lugar cuando los miembros de una sociedad o una comunidad experimentan una mejora de sus posibilidades de bienestar social, económico y político (Hammar y Tamas, 1997, p. 18). Por tanto, el desarrollo también está vinculado con la generación de expectativas individuales y colectivas de mejora, así como con el compromiso en la materialización de esos cambios a través de la participación.

En el caso de Imilchil, el encuadramiento del desarrollo procede fundamentalmente de las instancias políticas y administrativas estatales, con una reducida capacidad de la comunidad local para establecer sus propias prioridades y estrategias. Como señala Goeury, “la multiplicación de los microproyectos en el seno de vastos programas no tendría como objetivo producir una transformación radical de las condiciones de vida, sino más bien construir una nueva generación de notables locales a la vez que emplazar la acción Real con el fin de asegurar la estabilidad del régimen” (Goeury, 2014a, p. 50). De manera que el propósito del desarrollo se convierte también en un propósito político.

6. UNA VISIÓN ALTERNATIVA DEL DESARROLLO DESDE EL ENFOQUE DE CAPACIDADES

El enfoque de capacidades comenzó a ser teorizado por el economista hindú Amartya Sen en la década de los ochenta (Urquijo, 2014). Tras criticar los enfoques económicos y materiales del desarrollo (la medición del mismo a través del PIB), Sen definió el desarrollo “como un proceso integrado de expansión de libertades sustantivas que se conectan entre sí” (Sen, 2000, p. 18), citando cinco tipos de libertades: libertad política, facilidades económicas, oportunidades sociales, garantías de transparencia y redes de seguridad. De este modo, los distintos tipos de libertades se fortalecen entre sí, en tanto que “las libertades políticas (en forma de libertad de expresión y elecciones) ayudan a promover la seguridad económica; las oportunidades sociales (en forma de educación y servicios de salud) facilitan la participación económica; los medios económicos (en forma de oportunidades para participar en el comercio y la producción) pueden ayudar a generar abundancia personal así como recursos públicos para servicios sociales” (Sen, 2000, p. 20).

Para Sen, el desarrollo tiene mucho más que ver con lo que las personas pueden hacer y con las oportunidades para llevar un tipo de vida u otro, que estrictamente con las mejoras materiales. Desde la perspectiva de Sen, el desarrollo es el camino hacia una libertad mayor, de manera que “los derechos y libertades civiles quedan sin contenido cuando se carece del control sobre los bienes materiales con los que hacer efectivas las opciones permitidas por tales libertades” (Cejudo, 2007, p. 11). A los bienes (recursos) se han de sumar los funcionamientos (posibilidad de utilizar esos bienes), así como las capacidades (la libertad en la toma de decisiones sobre su uso o no). Por tanto, los bienes materiales son necesarios, pero insuficientes para el logro de un pleno desarrollo (Fernández-Baldor, Hueso y Boni, 2012).

En lógica, el contexto social, económico y político (los factores de conversión social) resulta clave, ya que bien puede impedir o bien potenciar las capacidades de las personas. En aquellos contextos en los que las personas tienen un acceso más amplio y equitativo a los derechos, se estará en condición de tener mayores opciones de expandir las capacidades de las personas.

Pero, si volvemos al caso de Imilchil, la libertad para tomar decisiones sobre la forma de vida sigue siendo muy reducida. El desarrollo entendido como la posibilidad de experimentar elecciones autónomas parece muy alejado del contexto que hemos descrito en la primera parte del artículo.

Allí, la capacidad real de elección de la población local es muy reducida, sobre todo como efecto del contexto geográfico y ambiental (aislamiento y desertización), económico (precariedad de medios), cultural (presión para la aculturación), político (ausencia de plenas libertades) e institucional (debilidad de los órganos comunitarios), pero también en relación con otras limitaciones como las restricciones de género para las mujeres.

La libertad de llevar un tipo de vida u otro parece seguir estando muy alejada de la cotidianeidad de Imilchil. Por ejemplo, su misma sedentarización (antaño fueron un pueblo nómada) ha sido forzada por el Estado y por los condicionantes ambientales (ausencia de pastos y disminución de las posibilidades de transhumancia). Tampoco aquellos que han cambiado en los últimos años la ganadería por el turismo, parecen haberlo hecho en base a una decisión estrictamente personal, sino más bien presionados por la ausencia de otras alternativas económicas (de hecho, el turismo recibe críticas desde la comunidad, pero es aceptado como un mal menor).

En cuanto a la emigración, que sí puede parecer una alternativa decididamente personal, se vislumbra más como el resultado de la falta de libertades que como el ejercicio en realidad de una libertad. Incluso si consideramos la movilidad como una capacidad (PNUD, 2009), y la emigración uno de sus funcionamientos, ésta última parece equipararse más bien a una migración forzada por el contexto político, económico y medioambiental (el cambio climático también se ha convertido en un importante factor de expulsión de la población).

Por otro lado, tanto la emigración como el turismo (las dos principales fuentes de la economía local) proporcionan ingresos a las familias, pero muchos condicionantes siguen impidiendo que ese dinero contribuya a ampliar y reforzar las capacidades (aquello que la gente valora). Tal es así, que las remesas de los emigrantes tienden a ser invertidas en los negocios turísticos, a la vez que las rentas obtenidas con el turismo sirven en muchas familias para financiar la emigración de otros de sus miembros y diversificar así sus fuentes de recursos. Con todo ello, vemos cómo el turismo y la emigración han sido integrados progresivamente en las estrategias de supervivencia de las familias, pero condicionan el desarrollo local haciéndolo más dependiente del contexto internacional y los recursos procedentes del exterior, al tiempo que las actividades económicas tradicionales como la agricultura y la ganadería tienden a ser abandonadas.

El turismo y la emigración constituyen, no obstante, dos pilares básicos alternativos al modelo de desarrollo impulsado por el Estado (de hecho, ni uno ni otro han sido integrados en las estrategias de desarrollo local al ser considerados como asuntos privados), pero incrementan notablemente la vulnerabilidad de la comunidad, tal como se ha visto con ocasión de la pandemia de Covid-19.

7. CONCLUSIONES

Casi veinte años después de que la manifestación de marzo de 2003 en demanda de servicios básicos desencadenara, primero la represión, y luego la intervención del Estado con la finalidad declarada de promover el desarrollo de Imilchil, los cambios producidos a lo largo de este tiempo siguen generando numerosos interrogantes.

Pese a que el Estado y las ONG han introducido en el imaginario y en el lenguaje local la noción de desarrollo, ésta sigue estando vinculada sobre todo a los progresos materiales y la idea de la modernización asociada a los modelos urbanos.

Durante estas dos últimas décadas, los indicadores sociales de Imilchil han experimentado ciertas mejoras, aunque no así los indicadores económicos. La actuación del Estado se ha centrado especialmente en la provisión de servicios e infraestructuras; pero, como ya hemos señalado, los bienes y servicios no suponen por sí mismos el desarrollo, en tanto que los primeros no se traducen en un incremento de las capacidades y que existen factores de conversión que lo impiden.

La adopción del enfoque de capacidades proporciona una visión alternativa del contexto en el que se articula el desarrollo de la comunidad, atendiendo especialmente a las libertades de las que dispone la población y su capacidad de agencia, es decir, la capacidad de participar activamente en el propio proceso de desarrollo (habría que preguntarse también qué lugar debería ocupar el reconocimiento de la propia identidad cultural dentro del marco del desarrollo).

En este sentido, y pese a que la población local reivindica la iniciativa propia y cuestiona en ocasiones el carácter foráneo de la mayor parte de asociaciones de desarrollo que trabajan en la zona, siguen siendo las asociaciones llegadas del exterior las que cuentan con mayor protagonismo y recursos. De modo que, aunque en Imilchil proliferan las iniciativas asociativas, es difícil hablar de una sociedad civil organizada alrededor de un tejido arraigado localmente. Igualmente, los líderes asociativos locales corren el riesgo de ser cooptados por la administración local una vez que adquieren cierto reconocimiento, dentro de una estrategia de control político. En suma, las actuaciones de desarrollo parecen haber ido más encaminadas a asegurar la lealtad de la población al Estado que a promover transformaciones significativas en el bienestar de la misma (el empleo de la misma agenda de desarrollo como forma de control de los cambios).

En Imilchil, la sensación de haber alcanzado el desarrollo sigue lejos de la percepción de una buena parte de la población. Otra parte, en cambio, cree que el desarrollo ya ha llegado, pero que no es lo que ellos esperaban. Puede que ambas partes tengan su dosis de razón.

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