1.INTRODUCCIÓN

Antes de reflexionar sobre las tendencias y retos del trabajo social en la actualidad, es importante expresar las referencias que guían la visión, como disciplina y profesión, del Trabajo Social aquí presentada. Es un trabajo social crítico, que tiene un carácter político, y en el que el trabajador social no es neutral ni pasivo frente las situaciones sociales y políticas que brotan de su cotidiano profesional. Esto no excluye su papel en la reproducción social, sin embargo, es un profesional que, como nos dice Carmelita Yazbeck (2003), "en la medida en que participa en la reproducción de la propia vida social", puede simultáneamente "definir estrategias profesionales y políticas para fortalecer los intereses de la población con la que trabaja" y crear así "posibilidades de su transformación" (p.40-41).

Un trabajo social que tiene como objetivo el cambio social emancipador y en este sentido envuelve un conjunto de compromisos, que Karen Healy (2001, p.14) resume como: compromiso con las poblaciones oprimidas, compromiso con el cambio de los procesos y estructuras que perpetúan la dominación y la explotación.

Como consecuencia de esta percepción del trabajo social aparece el segundo punto de referencia: el trabajo social no es neutral. De acuerdo con la definición global de la Federación Internacional de Trabajo Social (IFSW), el trabajo social es una profesión y una disciplina con valores y principios que guían su pensamiento y acción. La definición adoptada en el Reino Unido en la década de 1980 apuntaba al papel de la profesión como motor del cambio social. Los derechos humanos y la justicia social aparecen en la definición de 2001. Y en 2014 la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad se añaden a los valores y principios anteriores. Hoy en día está consensuado que los principios globales del trabajo social se basan en el respeto al valor intrínseco y la dignidad de todos los seres humanos, el respeto a la diversidad y la defensa de los derechos humanos y a la justicia social. Por lo tanto, el trabajo social lucha para garantizar estos principios y valores y no puede esconderse tras una posición de neutralidad.

2.TENDENCIAS Y DESAFÍOS DEL TRABAJO SOCIAL

Todas las tendencias, al igual que los desafíos, están relacionadas, siendo causa o consecuencia unas de otras, pero por razones analíticas se presentarán por separado.

2.1.Sobrevaloración de la dimensión individual

La primera tendencia es la sobrevaloración de la dimensión individual en detrimento de la colectiva, con la consecuente moralización de los problemas sociales. La individuación que caracteriza a la modernidad se encuentra en la vida social de los incluidos, así como en la vida de los excluidos y en la intervención desarrollada a través de las políticas sociales, que presentan una progresiva exigencia de autonomía y responsabilidad de los individuos por su situación y por la salida de ella. Del mismo modo, el espacio institucional en el que actúan los trabajadores sociales, aunque exija una articulación constante de diferentes ámbitos y estrategias de actuación, en la mayoría de los casos presupone e impone una intervención individual. Robert Castel (2009), en su análisis de las sociedades actuales, considera que los procesos de individualización son siempre problemáticos, tanto para los que están en mejores condiciones y tienden a adoptar una racionalidad del individualismo y a desvincularse de la sociedad, como para los desfavorecidos que, por su incapacidad para individualizarse, son marginados y considerados incapaces. El autor explica que los dos tipos de individualismo son igualmente negativos en su relación con el conjunto de la sociedad [Castel (2009) nos presenta dos tipos de individuos: los hipermodernos por exceso y los hipermodernos por defecto. El primero perdió la noción de la vida en sociedad y, por lo tanto, del bien común y ve al individuo como un fin en sí mismo y como autosuficiente. El último incluye a los individuos que, debido a su falta de capital social y de capacidad para acceder o crear recursos importantes, no pueden construir su individualidad. Ambos se sienten desconectados de lo social, o como dice el autor, desafiliados (pp. 424-449). Los trabajadores sociales, por regla general, trabajan con individuos hipermodernos por defecto, que presentan sucesivas rupturas con las diferentes esferas sociales, llegando a menudo a una situación de anomia, de incapacidad para desarrollar relaciones positivas con la sociedad].

La intervención que da primacía al individualismo acaba poniendo en peligro la noción de ciudadanía vinculada a un proyecto colectivo de bienestar y justicia social. Transformar los problemas sociales en problemas individuales conduce a la expansión de los mecanismos coercitivos y da lugar a la validación de lecturas de sentido común, descontextualizadas y alejadas de un análisis de los problemas sociales. Obsérvese que estos discursos de individualización están más presentes en tiempos de crisis, ya que de esta manera se intenta justificar las desigualdades con argumentos basados en el mérito y el merecimiento y se dan respuestas mínimas. Si tomamos como ejemplo el problema de la pobreza y la exclusión social, su concepción individualizada permite fácilmente alimentar el espacio para la moralización y la sospecha de los pobres. De este modo, se culpa a los pobres de su situación y la pobreza y la desigualdad se convierten en un escenario aceptable y naturalizado en/y por la sociedad.

Figueira McDonough (2007) considera que en su práctica el trabajo social debe articular la autonomía individual con la promoción de la justicia social para permitir la realización del principio de libertad e igualdad. Con todo, la autora menciona que normalmente el trabajador social, debido a la naturaleza de las situaciones en las que interviene, centra su práctica más en la promoción de la autonomía (individual) que en la justicia social y la participación democrática. No basta el análisis de las situaciones particulares, asociadas a la historia de vida de cada sujeto, tenemos que asociar a esta comprensión los elementos similares y transversales entre todos los sujetos, porque sólo así se puede entender verdaderamente el problema en su conjunto, las causas y las expresiones sociales del mismo y cómo se expresa en la realidad particular de cada individuo. De esta manera, el trabajador social se queda con el conocimiento del problema desde un punto de vista particular y global, conocimiento que le permite argumentar y sostener propuestas de respuestas a los problemas sociales existentes.

Esta primera tendencia plantea dos desafíos al trabajo social. El primero es la necesidad de entender los problemas sociales como expresión de la cuestión social, interrelacionando la dimensión social y colectiva con la individual y articulando los enfoques macro y micro para reconocer así las desigualdades como colectivas y estructurales. El segundo reto es el imperativo de no moralizar los derechos sociales y abandonar las actitudes sentenciosas que conducen a discursos centrados en el "merecimiento", la "culpa" y otros adjetivos que quitan la dignidad a los sujetos, empujándolos a un proceso de humillación y desconfianza que va en contra de los principios y valores fundamentales del trabajo social.

2.2.Mutación en la noción de derecho con la transformación del derecho en derecho-obligación

La segunda tendencia, dependiente de la anterior, se refiere al cambio en la noción de derecho con la transformación del derecho en derecho-obligación. El cambio en la relación establecida entre derecho-obligación resulta de la tendencia al individualismo y se materializó a través de la transición del welfare para el workfare, que resulta, según Paulo Pedroso (2010, p. 6), de la transfiguración del modelo fundado en la solidaridad a uno fundado en la responsabilidad, en el que las políticas sociales, más que proteger, comienzan a responsabilizar a los individuos, que son instados a "construir" su lugar en la sociedad.

Hay dos posturas ideológicamente distintas para entender el workfare: Una, de matriz más conservadora, lo concibe como un instrumento para reducir el gasto social, es decir, como un instrumento de retracción del Estado. Apoyado en una perspectiva liberal-conservadora en la que el "compromiso del Estado con el ciudadano necesitado se extingue cuando éste, por sí mismo, no busca trabajo o cuando ha transcurrido un tiempo razonable sin obtenerlo" (Pedroso, 2010, p.3-4). Aquí los derechos y las obligaciones se consideran individualmente, lo que presupone la imposibilidad de concebir un derecho sin una contrapartida. Esta posición implica una contracción en términos de derechos, ya que no hay posibilidad de rechazar la imposición preestablecida (la única opción es rechazar el derecho); La otra considera que el workfare es una forma de responsabilizar conjuntamente al Estado y a los ciudadanos por la inclusión social mediante acciones de estímulo por parte del Estado (como la inversión en formación, el asesoramiento, los incentivos a los empresarios, etc.) que van más allá de su tradicional papel protector. Esto es típico de las reformas socialdemócratas, donde el Estado garantiza un conjunto de medidas que permiten y facilitan la inserción social de los ciudadanos y, simultáneamente, el ciudadano adopta una actitud activa de búsqueda de empleo y/o aprovechamiento d las oportunidades que se le proponen. En este caso el workfare aparece como un "estado de bienestar activo" que implica una "doble activación, del estado (que tiene que reformarse) y de los ciudadanos (que tienen que transformarse)" (Pedroso, 2010, p.4). Aquí los derechos y las obligaciones se ven en términos colectivos, lo que permite una reciprocidad entre el derecho y el deber que implica una mayor responsabilidad de la sociedad para garantizar los recursos a sus miembros. En cualquiera de los casos, la reciprocidad entre el derecho y la obligación es una de las ideas centrales de los programas de workfare que imponen una nueva perspectiva de los derechos sociales.

De hecho, se trata de una nueva perspectiva de los derechos que ahora exige algo a cambio, un deber de intercambio por parte de la persona a la que se le atribuye un determinado derecho social. Esta situación implica lo que Castel (1998) denomina "neopaternalismo", ya que permite un exceso de responsabilidad de los individuos que son responsables por la creación de sus trayectorias identitarias y profesionales (y en contraste con el paternalismo que implica infantilización y poder sobre los sujetos). En este sentido, los sujetos tienen que probar sus capacidades y dificultades y demostrar su aptitud y voluntad para "revalorizarse" y, por eso, seguir siendo elegibles para la medida de política social.

Esta nueva perspectiva permitió incorporar una dimensión moral a las prestaciones, ya que se establece una relación de "obligación", una relación de intercambio con la prestación proporcionada por el Estado, que ahora tiene que mostrarse como una entidad que exige algo a cambio. Esta nueva ideología moral puede llevar a lo que Hespanha (2008) llama una forma de "compulsión al trabajo" como estrategia para justificar (y como obligación de recibir) una prestación.

Esta idea, también, permite legitimar el principio de que los ciudadanos que reciben ayudas deben dar prueba de su esfuerzo para merecer el apoyo social, lo que debe constar en un contrato entre el ciudadano y el Estado. Así, se generaliza la idea de un contrato que invoca una relación de poder simétrica entre las partes contratantes, que es claramente inexistente, ya que una de las partes necesita del apoyo para sobrevivir. Para Serge Paugam (2003) este contrato corresponde al consentimiento de ser catalogado como pobre y necesitado, y por tanto con el reconocimiento de poseer un estatus devaluado. Subrayamos que, aunque los contratos no se presentan como obligatorios, su rechazo implica, la mayoría de las veces, el cese del apoyo, siendo así en verdad "una oferta que no se puede rechazar" (Lodemel; Trickey, 2001).

Además, tanto las mutaciones del campo laboral como la inestabilidad propia de las sociedades actuales hacen que esta tarea de inserción (sólo) a través del trabajo sea ardua, e incluso dolorosa cuando hablamos de personas que no se ajustan a las exigencias del mercado. Estamos ante una crisis de la estructura de la relación salarial que ha provocado un aumento de los “no empleables” (independientemente de la titulación académica) que se convierten en ciudadanos sin reconocimiento social, los “válidos indigentes” de los que hablaba Castel y que acumulan ausencias de pertenencia y utilidad.

Como resultado de esta segunda tendencia se plantean el desafío de repensar las estrategias de intervención desarrolladas con la población desempleada y/o con la población receptora de apoyo social. Es fundamental conocer y reconocer el contexto social, es decir, el contexto laboral, y así comprender la dificultad de integración en el mercado laboral y la inestabilidad y precariedad que presenta. Cada vez más, la integración en el mercado laboral se produce por períodos de tiempo limitados y no duraderos. El ciclo vital estable y predecible de educación, trabajo y posterior jubilación ya no es la norma, estableciéndose ciclos aleatorios con momentos de actividad e inactividad a lo largo de la vida. Esto no es un llamamiento a la “desobediencia” de las “obligaciones” establecidas por la ley inherente a cada política social, sino que esta obligación se lea sobre la base de en un análisis del mundo real y concreto y, por tanto, adecuada. De lo contrario, estamos cayendo en la trampa de la “moralización” anteriormente mencionada. No podemos olvidar que el trabajo social es una profesión con un espacio de libertad en las decisiones técnicas.

2.3.Transformación de los derechos en acciones paliativas de carácter no universal

La tercera tendencia es la transformación de los derechos en acciones paliativas de carácter no universal. Esta tendencia se produce mediante la transferencia de competencias del Estado central al Estado local, al mercado y a la sociedad civil. Elaine Rossetti Behring e Ivanete Boschetti (2007) resumen bien esta tendencia en el ámbito de las políticas sociales: “restricción y reducción de derechos, (…) transformando las políticas sociales (…) en acciones puntuales y compensatorias”, con una lógica de “privatización, focalización y descentralización. Esto último se establece no como un reparto de poder entre esferas públicas, sino como una mera transferencia de responsabilidades a entidades federativas o instituciones privadas” (p.156).

Se podría esperar que la acción territorial fuera, no una mera descentralización de las acciones y prácticas del poder central, sino un espacio específico, con características y dinámicas propias, un lugar que tuviera como función “la recepción, conformación, adaptación y ejecución local” de las políticas centrales (Ruivo, 2000, p. 45). No obstante, muchas políticas sociales territorializadas no surgen como resultado de una reivindicación local, sino como resultado de una decisión central adoptada por el Estado y, de esa forma, como afirma Bernard Charlot (1994), la territorialización deja de ser una “conquista local, para convertirse en el efecto de una política nacional: fue deseada, definida, organizada y puesta en práctica por el Estado” (p.27).

El clima de consenso asociado a las políticas públicas desarrolladas a nivel local pero creadas a nivel nacional vacía la lógica emancipadora que podría estar presente en las medidas locales. Además, la territorialización de las políticas implica que los representantes locales se convierten en responsables de las políticas, perdiendo su papel de promotores locales (en el sentido de “impulsar” las reivindicaciones sobre el terreno). Así, lo que podría ser una reivindicación local que permitiera la emancipación y el desarrollo de la población puede convertirse en una práctica instrumental presente en los discursos políticos basados en una lógica de armonía social. Cristina Albuquerque (2017, p.15), ayudada por los análisis de Jean-Pierre Garnier (1982), considera que esta localización o territorialización muestra “impotencia o pasividad política para actuar sobre los determinantes estructurales” de los problemas sociales, por lo que no pretende resolverlos, sino regular y controlar sus manifestaciones (locales). De este modo, el Estado obtiene algunas ventajas: la mejora del control de las poblaciones, la creación de una percepción de democracia participativa a través de estas acciones localizadas, la transformación, a través de la “pedagogía del consenso”, de los adversarios en “interlocutores sociales” y la desresponsabilización del Estado en caso de no tener éxito (Garnier, 1982 citado en Albuquerque, 2017, p.15).

En Portugal, la noción de territorialidad vista como un proceso estratégico, permitió una redefinición de la acción pública basada en los principios de cooperación y asociación. Sin embargo, existe una contradicción entre la subsidiariedad de la acción y la tradición centralista de la acción del Estado portugués, ya que sigue siendo necesario el papel central del Estado, tanto en la provisión y financiación como en el control (Hespanha, 2008, p. 8). Además, la descentralización y el desarrollo de asociaciones se reducen a menudo a una reproducción del Estado, ya que las prácticas burocráticas del Estado pasan a ser compartidas por los actores locales, que las reproducen. Asociado a este proceso está la tendencia, como ya hemos mencionado, para cambiar la entidad que garantiza el derecho: deja de ser el Estado y pasa a ser el mercado y/o la sociedad civil, a través del tercer sector. Se trata de un proceso que Carmelita Yazbek (2001) ha llamado “refilantropización de lo social”, que permite que la intervención pase para la responsabilidad privada (aunque sea social), estimulada, como nos dice Marilda Iamamoto (2009), “por motivaciones solidarias y benévolas, sometidas al arbitrio del individuo aislado, y no a la responsabilidad pública del Estado” (p.22). Como resultado, se produce una ruptura en la universalidad de los derechos y en la posibilidad de su reclamación judicial y, por tanto, una regresión de los derechos sociales.

No se trata de negar el importante papel del tercer sector, lo que queremos destacar es la transferencia de la responsabilidad del Estado para estas organizaciones, seguida de una predisposición para que las políticas sociales dejen de ser derechos para convertirse en actividades filantrópicas/voluntarias. Y como recuerda Boaventura de Sousa Santos (2005), las organizaciones de la sociedad civil no pretenden la transformación, ya que la mayoría no se opone ni al régimen político (democracia liberal) ni al modelo económico (capitalismo neoliberal) vigentes. El autor subraya que estas organizaciones se consideran preocupadas por “lo privado, no lo público; lo social, no lo político; lo micro, no lo macro” (p.17).

Esta percepción de que la “localización de la gestión de lo social” como resultado de la impotencia o la pasividad política para actuar sobre los “determinantes estructurales” (Albuquerque, 2017, p.15) de los problemas sociales nos guía a dos de los desafíos de esta tercera tendencia: pensar en las respuestas a las cuestiones sociales locales sin disociarlas de lo global, sólo así estaremos respondiendo a los problemas en su complejidad, ya que no podemos responder (sólo) localmente a problemas sociales que son complejos, globales e “hijos” de la sociedad de la incertidumbre y el riesgo; y el desafío del trabajador social asumir el papel de agente local de empoderamiento para que la territorialización de las respuestas sea tomada por la propia comunidad a través de su movilización.

Hay que señalar que la mencionada tendencia a la refilantropización de lo social provoca un cambio en el espacio sociolaboral, ya que se aumentan los empleos en el tercer sector que es, en Portugal, un sector débilmente regulado y por eso hemos asistido a un aumento de la precariedad de los contratos de trabajo y a la sustitución de los trabajadores sociales por otros profesionales o voluntarios. Una tendencia a la “desprofesionalización”.

2.4.Transformación del carácter universal de los derechos mediante la focalización de las políticas sociales

La cuarta tendencia es la transformación del carácter universal de los derechos mediante la focalización de las políticas sociales. La focalización de las políticas sociales se refiere a la orientación de las políticas universales hacia políticas particulares, centradas en situaciones limitadas de supervivencia, hacia los más pobres entre los pobres. Como dice Carlos Montaño (2003), es un movimiento que reduce las políticas sociales "en cantidad, calidad y variabilidad, transformando las políticas sociales para los pobres en políticas sociales pobres" (p.114). En esta lógica, las necesidades se discuten en una lógica minimalista y no de derechos, sólo se responde a la emergencia, aumentando el ambiente de desconfianza, de descrédito de los servicios, dando lugar a respuestas caritativas y asistencialistas como si fueran las únicas posibles.

La focalización también implica una tendencia a la biologización de la pobreza. El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) utiliza un concepto de desarrollo humano en el que centra el concepto de pobreza en cuestiones básicas y mínimas. Se trata de una estrategia para establecer una visión biológica de la pobreza y un mecanismo para combatirla exclusivamente con medidas paliativas y asistencialistas (como la provisión de alimentos), descartando la posibilidad de combatirla con políticas redistributivas que permitan romper el ciclo reproductivo de la pobreza.

En 2010 asistimos en Portugal, con el Decreto-Ley nº 70/2010 de 16 de junio, a la redefinición de las condiciones de acceso a las ayudas sociales, en el ámbito del Programa de Estabilidad y Crecimiento 2010-2013. Durante ese periodo se produjo un aumento de la tasa de pobreza y, por el contrario, disminuyó el número de beneficiarios de una de las políticas más importantes de lucha contra la pobreza en Portugal: el Rendimento Social de Inserção (RSI). La respuesta del Estado a este agravamiento de la pobreza ha sido a través de medidas estatales con un fuerte sesgo caritativo - tenemos el ejemplo del Programa de Emergencia Social que preveía la creación de 947 Comedores Sociales entre 2011 y 2014, aunque este tipo de respuesta era más costosa para el Estado. Tomemos como ejemplo una familia necesitada sin ingresos, con dos adultos y dos niños. Recibiría, en 2012, un importe máximo mensual de RSI de 374,10€. Ahora vamos a ver si el comedor social es la opción: el Estado pagaría a la institución con un comedor social, por comida servida, unos 2,5€. Si esta misma familia recibiera dos comidas al día (comida y cena), los siete días de la semana, esto representaría un coste para el Estado de 600€ al mes. La Institución también puede cobrar a la misma familia por las 240 comidas, un valor de 240 euros al mes (Joaquim, 2015).

Sin embargo, no podemos olvidar que cada vez hay más personas que viven situaciones precarias que ponen en peligro su supervivencia. En este contexto de crisis, las prácticas de distribución y garantía de alimentos son tan necesarias como las acciones de promoción y empoderamiento. Marc- Henry Soulet (2007, p. 11-14) presenta dos tipos de intervenciones sociales que pueden y deben combinarse: las generativas y las paliativas. La primera tiene un carácter de promoción de la ciudadanía y tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades, el empoderamiento y la autonomía de los individuos. La segunda garantiza una acción más asistencial (centrada en la reducción del riesgo) y también el encuadramiento de los individuos que se encuentran en una situación de falta de posibilidad de inserción social.

Para responder a esta cuarta tendencia, surgen dos desafíos. El primero es la necesidad de entrelazar las respuestas paliativas y caritativas mediante respuestas encuadradas en el ámbito de las políticas sociales. El segundo se centra en la necesidad de dejar de discutir las necesidades en una lógica minimalista y de emergencia. De lo contrario, estaremos promoviendo la disminución de las expectativas, sin cuestionar las causas que producen y reproducen las desigualdades y la pobreza y reduciendo la pobreza a lo biológico.

2.5.Instrumentalización y tecnificación del trabajo social

La quinta tendencia se refiere a la fragmentación de la intervención resultante de la creciente instrumentalización y tecnificación del trabajo social. Como consecuencia del desarrollo e introducción de las tecnologías en el trabajo social, los trabajadores sociales viven hoy una realidad ambivalente, ya que, como nos dice Lena Dominelli (2004) "los trabajadores sociales se encuentran en la posición contradictoria de tener que justificar su existencia como profesionales inequívocamente comprometidos con la mejora de la calidad de vida de las personas tanto a nivel individual como colectivo, mientras se ven sometidos al ‘nuevo gerencialismo’ y se les exige hacer más con menos" (p.253).

El gerencialismo impone una racionalidad instrumental centrada en la cuantificación y en los resultados inmediatos (la rapidez, que se considera en sí misma un indicador del éxito de la intervención). También impone la tecnificación de la práctica, que pasa a centrarse en procedimientos previamente definidos y a estar sujeta a la burocracia. De este modo, el objetivo de la intervención está en los propios medios e instrumentos, que se convierten en la finalidad misma de la acción. Esta situación es muy atractiva para muchos profesionales, ya que, mediante el uso de guías de actuación, manuales de prácticas, guías de procedimientos y listas de comprobación se sienten más seguros a la hora de intervenir. Como afirma Inês Amaro (2012), se trata de un "finalismo metodológico" (p.94) que priva a la profesión de sus contenidos sustantivos para centrarse únicamente en los procedimientos.

Además del gerencialismo, en los últimos años hemos visto un resurgimiento del trabajo social basado en la evidencia. Stephen Webb (2001) relaciona el creciente uso de la intervención basada en la evidencia con el aumento de la popularidad del "nuevo gerencialismo" o "managerialismo", caracterizado por el desarrollo de una "cultura del objetivo", la creciente regulación de los procedimientos y el aumento del control sobre los profesionales. Este tipo de actuación exige del profesional una acción centrada en la comprobación de la condición del recurso, una posición de vigilancia de los clientes, una exigencia constante de pruebas, en detrimento del enfoque biográfico y global/holístico de la situación. El modelo basado en la evidencia es un método mecanicista, en el que el trabajador social es visto como un "mero procesador de información al servicio de sistemas de decisión cerrados" quitándole protagonismo al "discurso ético y político y debilitando su autonomía como profesión" (Webb, 2001, p.67). Es un trabajo social de carácter más positivista que se inscribe en el proyecto de la modernidad liberal, asociado a la homogeneización y a la categorización. En palabras de Webb (2006) "el trabajo social está abandonando el enfoque holístico del trabajo con los clientes para alinearse con la política dominante de la gestión neoliberal del cuidado" (p.7).

Así, el trabajo social se convierte en un "engranaje" más de los sistemas administrativos y burocráticos (Amaro, 2012) y permite generalizar la idea de que es una profesión cuya finalidad es la gestión tecnocrática y administrativa del ámbito social. La tecnificación lleva al trabajador social a convertirse en un mero ejecutor de procedimientos definidos externamente, lo que conduce a una intervención desconectada de las situaciones concretas y de los contextos sociales.

A todo esto, se suma la integración de sistemas tecnológicos para (supuestamente) facilitar el trabajo, pero a menudo esto dificulta los procesos de trabajo. Por supuesto, estas tecnologías podrían aportar algunas ventajas en materia de cuantificación e investigación, pero son visibles las dificultades derivadas de la "distancia de culturas y lenguas entre el universo de la intervención y el universo de los sistemas operativos" (Amaro, 2014, p.104).

Pero esto no significa que la instrumentalidad deba ser abandonada o convertida en algo secundario, ya que esto daría lugar a la construcción de materiales e instrumentos acríticos, no pensados e importados de otras áreas y/o realidades. Como afirma Yolanda Guerra (2012), si descuidamos y no dimensionamos "el lugar, el papel y el alcance de las herramientas técnico-operativas en el contexto del proyecto ético-político profesional, corremos el riesgo de que el trabajador social no cumpla con sus competencias, de que no responda a las demandas que la sociedad le plantea" (p.21).

Como resultado de esta quinta tendencia se plantea cuatro desafíos. El primero integra la necesidad de la interconexión entre las dimensiones que conforman la profesión: la dimensión ético-política, la dimensión teórico- metodológica y la dimensión técnico-operativa. Otro desafío, asociado al anterior, se refiere a la necesidad de concebir la dimensión técnico-operativa con una intencionalidad. En otras palabras, los instrumentos deben elegirse y utilizarse de acuerdo con el compromiso profesional y el marco teórico. Por ello, y como nos recuerda Yolanda Guerra (2012) " la definición del qué y del cómo hacer, ha de articularse al por qué hacer (...), al qué hacer (indicando los fines/teleología del sujeto profesional) y al con qué hacer: con qué medios, recursos y a través de qué mediaciones o sistema(s) de mediaciones" (p. 43). Además, hoy en día es imprescindible que los trabajadores sociales intervengan activamente en la creación de instrumentos y procedimientos y que se articulen con los equipos técnicos que crean los sistemas informáticos, lo que constituye el tercero desafío de esta tendencia.

Otro de los grandes peligros asociados a esta tendencia se refiere a la secundarización de la función relacional, dando lugar a lo que Brigitte Bouquet y Christine Garcette (2005, p.41) llaman la "funcionalización del trabajo social". La función relacional ha sido históricamente parte de la profesión e impregna toda la identidad profesional del trabajador social. En consecuencia, el desafío aquí consiste en combinar las prácticas centradas en la instrumentalidad y los resultados, con las prácticas relacionales intrínsecas a la profesión. Sólo así podrá responder a estas nuevas exigencias sin poner en peligro la identidad de la profesión.

3.NOTA FINAL: ABANDONO DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE Y EN EL TRABAJO SOCIAL

Concluimos esta reflexión con la última (sexta) tendencia que es a la vez resultado y causa de las anteriores: el abandono de la dimensión política de y en el trabajo social.

La intervención social concebida como una práctica despolitizada constituye, como afirma Carmelita Yazbek (2001), el abandono de su carácter colectivo y político. Una renuncia a la "actitud política" que lleva, según Vicente de Paula Faleiros (2002) al rechazo de su potencial emancipador. La despolitización de la intervención social legitima la transformación de los derechos en "no derechos" y promueve una idea restrictiva y excluyente de la ciudadanía. Una despolitización que, por un lado, deslegitima a los colectivos que pretenden denunciar la vulneración de los derechos sociales y las desigualdades sociales, donde, en principio, deberíamos situar a los trabajadores sociales; y, por otro, transforma los problemas sociales en problemas individuales, permitiendo la expansión de los mecanismos coercitivos y abriendo espacio a la validación de lecturas de sentido común, descontextualizadas y alejadas de un análisis de los problemas sociales, como ya hemos comentado (Marques, 2016).

La despolitización de las políticas y medidas sociales permite negar el espacio de influencia (y de responsabilidad) que los ejecutores - los trabajadores sociales - pueden tener sobre las políticas. En línea con la perspectiva de Michael Lipsky (1976), se considera que los trabajadores sociales asumen un papel central en la implementación de la política, son verdaderos "creadores de políticas", son una continuidad del poder legislativo, que en la materialización de la política crean rutinas y respuestas que (re)definen y (re)leen la política formulada. Creo que los ejecutores de la política desempeñan un papel importante en la política, ya que son los que redistribuyen los recursos, la información y hacen el esfuerzo diario para que la política funcione y tenga éxito.

Teniendo en cuenta la presencia constante de los trabajadores sociales en la implementación de las políticas sociales, el desafío que se coloca al trabajador social es el de asumirse como implementador - lo que le diferencia de las funciones de mera ejecución burocrática y administrativa - y que le sitúa como "creadores de políticas", como alguien que, por su conocimiento de los problemas sociales, de las realidades en las que interviene y por la proximidad con la población a la que atiende, está en una posición privilegiada para: garantizar el funcionamiento de las políticas; utilizar adecuadamente sus recursos; asegurar el acceso a la información (y su comprensión) y; responder a las situaciones y dudas que inevitablemente surgen en el día a día y que permiten "dar vida" a la política (Marques, 2016).

Hay que señalar que la despolitización unida a la tecnificación de la profesión coloca a los trabajadores sociales en una posición meramente ejecutiva, sin espacios para la reflexión, para la construcción y creación de propuestas, como un profesional que responde "al mandato" de las instituciones que lo emplean. El resultado será la invisibilidad social de la profesión, con la consiguiente posibilidad de que deje de presentarse como necesaria, y pueda ser sustituida por otras profesiones. Me gustaría destacar un estudio exploratorio que analiza la imagen, en Portugal, del trabajo social en la prensa, durante la fase de pandemia (de marzo de 2020 a marzo de 2021) en dos periódicos de referencia en Portugal: "Público" y "Expresso" en su versión online, en el que se comprobó que el número de piezas que exponen y hablan del trabajo social y del trabajador social son residuales (Marques, 2022). Y en casi todas ellas sólo se refiere la existencia de un trabajador social en los equipos multidisciplinares, pero no explican ni describen qué es lo que hacen estos profesionales. Este análisis se ha realizado en un periodo de pandemia, en el que cabría esperar que el trabajo desarrollado en los distintos ámbitos por el trabajador social fuera más visible.

Así, el otro desafío está relacionado con la necesidad de dar visibilidad al trabajo social. Una de las estrategias para lograr el reconocimiento y la legitimidad es, según Jacques Ion (2005), la dinámica reflexiva y argumentativa, consistente y permanente, que permite al profesional hacerse visible y superar los límites de los contextos institucionales en los que trabaja. Como consecuencia de esta necesidad de argumentación surge el desafío de la interconexión entre la investigación y la práctica y el aumento de las publicaciones en el área.

Por todo ello, presentamos el desafío que integra todos los anteriores: la politización de la intervención y la adopción de un trabajo social desde una visión transformadora (Dominelli, 1998), en sustitución a la visión adaptativa (Dominelli, 1998) o individualista-reformista (Payne, 2002).

La visión adaptativa e individualista-reformista de la que nos hablan Lena Dominelli y Malcon Payne se refiere a una intervención social que busca ajustar a los individuos a las normas, una acción profesional de control y reproducción social, de psicologización e individualización de las relaciones sociales y de conformación de las necesidades sociales según los recursos institucionales existentes. Por el contrario, las prácticas politizadas, transformadoras y de empoderamiento pretenden "promover el bienestar transformando las actuales configuraciones de desigualdad y malestar que impiden a las personas desarrollar todo su potencial" (Dominelli, 1998, p. 5). Una visión cercana a la perspectiva socialista-colectivista de la profesión que Payne (2002) presenta "al contrarrestar las prácticas que crean opresión y desventaja, el trabajo social intenta así mejorar las relaciones más igualitarias en la sociedad" (p. 20-21).

Necesitamos urgentemente de un trabajo social basado en un proyecto colectivo, que articule todas las dimensiones de la profesión y que desarrolle acciones emancipadoras, fortaleciendo la ciudadanía que permita, como nos dice Faleiros (1999), "la articulación de la dimensión política con la dimensión de los servicios, no reduciendo el trabajo social ni a relaciones psicológicas ni a relaciones burocráticas para el acceso a determinadas prestaciones" (p.169).

Construyamos un trabajo social que respete el valor intrínseco de la dignidad de todos los seres humanos, el respeto a la diversidad y la defensa de los derechos humanos y la justicia social.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albuquerque, C. P. (2017). A reflexividade no quotidiano profissional dos Assistentes Sociais. En C. P. Albuquerque e A. C. Arcoverde (coord.). Serviço Social contemporâneo. Reflexividade e estratégia. (pp. 23-46). Pactor.

Amaro, M. I. (2012). Urgências e Emergências do Serviço Social. Fundamentos da profissão na contemporaneidade. UCEditora.

Amaro M.I. (2014). Um Admirável mundo novo? Tecnologia e intervenção na contemporaneidade. En M. I. Carvalho y C. Pinto (coord.). Serviço Social. Teorias e Práticas. (pp. 97-112). Pactor

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